A continuación reproduzco el texto presentado en el I Congreso Internacional Mujer y Medios de Comunicación (CIMMCO 2008) dedicado al tema de la violencia de género, celebrado en Valencia en octubre (ver Post anterior).

El drama persistente de la violencia de género

La persistencia con la que año tras año se da una cifra igualmente elevada de mujeres asesinadas y la presencia casi diaria de estas noticias en periódicos e informativos hace pensar que se ha hecho o avanzado poco en relación a este problema. De hecho, la cifra de mujeres asesinadas en 2007 está en torno a 75 (puede variar algo según la fuente), una de las más altas junto a las de 2006 y 2004. Este año puede reducirse algo, pero lejos del descenso que todos deseamos.

Con estas cifras, afirmar que se ha mejorado podría parecer una burla cruel hacia las víctimas, sus familiares y quienes siguen padeciendo a diario este drama. Sin embargo los procesos de cambio social son lentos y a menudo hay que medirlos no en años sino en décadas. Visto así, sería difícil no reconocer que la actitud de la sociedad española hacia este problema está cambiando, en particular la de muchas mujeres que sufren esta lacra, así como la de los agentes sociales responsables de hacer lo posible por cambiar la situación.

Con mayor o menor éxito  —siempre es poco cuando hay vidas humanas en juego— se han adoptado medidas que no sitúan lejos de donde estábamos hace una década. Si se considera la cifra de denuncias por malos tratos, en el primer semestre de 2008 ya se han producido 71.000, lo que supone un aumento del 14% respecto a 2007, un año record (con 126.293 denuncias), según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Genero del Consejo del Poder Judicial. Esto podría hacer pensar en un aumento de la violencia de género (como sugieren algunos titulares incorrectos, como el del ABC al dar esta información el pasado 4/11/2008: “La violencia de género creció otro 14% en el primer semestre de este año”). Sin embargo, este incremento de denuncias probablemente deba atribuirse a un cambio en la actitud de muchas mujeres que sufren este problema y a una mayor confianza en la ayuda que puedan recibir. El incremento no representa por tanto un aumento de los malos tratos sino que más bien refleja un cierto cambio de expectativa acerca de la eficacia de las medidas para hacerles frente.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS

Probablemente corresponde a los medios españoles una parte importante de la responsabilidad de haber convertido el problema de los malos tratos en un asunto de primer orden. Hay que hablar de responsabilidad y no de mérito porque —sobre todo al comienzo y todavía hoy en la mayoría de los casos— este incremento de la atención mediática no ha respondido a un intento de sacar a la luz esta lacra social y hacer algo por combatirla. Su interés se inició de manera distinta: hacia finales de los años 90 aumentaron los programas televisivos de testimonios personales y familiares, donde afloraron algunas de estas situaciones. Este problema pasó así a aparecer y ocupar un espacio en los medios. Hasta ese momento no había existido para los medios; o se había abordado como un suceso más, en cuyo tratamiento informativo se deslizaban los mayores errores y abusos.

Suele considerarse el caso de Ana Orantes, sucedido en diciembre de 1997, como el que habría marcado un antes y un después respecto a la visibilidad mediática de este problema. Ana Orantes fue invitada a un programa de testimonios de Radio Televisión Andalucía donde relató su calvario personal, siendo pocos días después asesinada por su maltratador, su marido, que la roció con gasolina y prendió fuego. Lo terrible del caso hizo mucho por garantizar la atención de los medios y marcó un punto de inflexión respecto a la atención concedida desde entonces a estas situaciones. La polémica ayudó a poner sobre la mesa muchas cuestiones que nos han acompañado en los últimos diez años: la existencia misma y la dimensión de esta lacra, el sufrimiento personal implicado, las medidas para hacerla frente, su tratamiento informativo, etc.

No significa esto que fueran los medios los que propiciaron un cambio en la sociedad a la hora de enfrentar este problema. Las claves principales del cambio ya estaban puestas gracias, entre otras cosas, a la progresiva asunción del ideal de igualdad en la sociedad española —también en esto queda mucho por hacer, pero no sería apropiado pasar por alto el gigantesco cambio que se ha producido en España en las últimas décadas, sobre todo si tenemos en cuenta de dónde venimos hace apenas 50 años—; el rechazo social de todo tipo de violencia; la incorporación de la mujer a ámbitos de la vida social de los que había estado tradicionalmente excluida (medios, fuerzas de  seguridad, política, judicatura, etc.); o la labor anónima pero muy comprometida de los grupos feministas que primero llamaron la atención sobre este problema. Sin embargo todo esto tampoco hubiera dejado de ser un tema menor si los medios no lo hubieran convertido en un asunto de su interés —e insisto en que no por un propósito positivo—. Así, las primeras medidas políticas para hacer frente a esta lacra comenzaron a adoptarse poco después del mencionado caso: el  Primer Plan Nacional es de 1998; el primer teléfono de asesoramiento gratuito de 1999, del Ayuntamiento de Valencia; de este mismo año son las primeras recomendaciones sobre el tratamiento informativo de los malos tratos.

Visivilización, debate social y adopción de medidas

La presencia de estos hechos en las informaciones de los medios y la creciente atención hacia los mismos habría tenido un efecto clave. Al comienzo habría contribuido a romper la losa de ocultamiento e incluso de tácita ‘aceptación’ social y cultural que rodeaba a estas situaciones. Estos casos sucedían desde siempre pero estaban ocultos e incluso, para escarnio y sufrimiento añadido de quienes lo padecían, la lacra del rechazo social caía en bastantes ocasiones del lado de las mujeres, culpabilizadas socialmente de lo ocurrido. Denunciar era una tarea difícil y generalmente inútil, que comenzaba por la actitud indiferente cuando no despectiva de los cuerpos de seguridad y de más de un funcionario de la justicia. Para los medios se trataba de un simple suceso, a menudo enfocado desde la curiosidad morbosa o desde la óptica prevalente del maltratador y sus allegados, de quienes solía darse todo tipo de declaraciones exculpatorias que hacían gravitar la sombra de la culpabilidad sobre la mujer maltratada o asesinada.

La visibilización mediática de este problema habría permitido ir cuestionando estos prejuicios sociales y estas rutinas mediáticas (uso el nombre técnico de rutinas, sin querer con ello restar un ápice de inaceptabilidad a este tipo de prácticas habituales).  Y habría contribuido también al debate social que ha acompañado la adopción de medidas.

La capacidad de los medios para visibilizar un tema, situándolo en  el centro de su atención y convertirlo así en asunto del debate social y político es un efecto conocido desde hace tiempo: el efecto agenda setting. Al proyectar su atención sobre un tema hacen que se genere interés social sobre el mismo y aumente la demanda de acción al respecto, de modo que otras instancias e instituciones, particularmente la política, se ven impelidas a actuar. A mi juicio  este efecto de agenda setting se habría producido en relación al tema de la violencia de género: primero, sacándolo de la invisibilidad que lo mantenía oculto; segundo, generando una expectativa creciente acerca de la necesidad de hacer algo para solucionarlo; finalmente, más avanzado el proceso, vigilando si la puesta en marcha de estas medidas tiene el efecto esperado y denunciado aquellos casos —políticos, policiales, judiciales, etc.— en los que no se actúa correcta o diligentemente.

Algún dato puede avalar estas consideraciones. Así, en el Barómetro de Septiembre del 2008 del CIS, a la pregunta “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?” —en el supuesto de multirrespuesta con posibilidad de señalar hasta tres respuestas—, la “violencia contra la mujer” obtiene apenas un 2% de respuestas, comparado con un 62,2% del paro, un 54,2% de los problemas económicos, un 28,4% de la inmigración o un 18,6% del terrorismo de ETA; siendo además un 51% de mujeres los entrevistados.

El dato es significativo ya que con arreglo al mismo difícilmente figuraría este problema no ya entre los prioritarios sino ni tan siquiera entre los que habría merecido atención alguna por parte de la clase política en general, como ocurría antes de 1997. La diferencia entre la baja prioridad social del tema (incluso después de una década de volver con frecuencia sobre él) y la atención política e institucional que se le habría prestado podría deberse en gran medida a la atención que los medios han prestado a las noticias relacionadas con este problema (con independencia de que en muchos casos, especialmente al principio, su tratamiento hubiera sido inadecuado). En este asunto el mensajero habría jugado su papel.

Replanteando el tratamiento mediático

Esta misma atención y la demanda de medidas habrían afectado a la propia labor de los medios. La práctica del periodismo tampoco ha sido ajena a la expectativa primero y la exigencia después de reconsiderar algunas de las rutinas productivas que desvirtuaban el tratamiento informativo de los malos tratos. Era práctica común situar estos episodios en la sección de sucesos, sin ninguna consideración especial sobre su frecuencia o su dimensión humana, social y cultural; identificar a la víctima, no respetando ni su intimidad ni la de sus allegados; recoger testimonios exculpatorios o justificatorios del propio maltratador o de su entorno; dar implícita o explícitamente explicaciones o eximentes de la acción, a menudo en los propios titulares o entradillas; acompañar la información de imágenes y detalles escabrosos; por supuesto no facilitar ningún tipo de información adicional de expertos o de recursos, ayudas, vías de denuncia, etc.; fallos que lamentablemente siguen sin corregirse bastantes veces una década después.

En los últimos años han visto la luz en cambio un elevado número de documentos con recomendaciones sobre el tratamiento adecuado de estas informaciones. Cabe destacar la labor de mujeres y colectivos de mujeres periodistas y no periodistas que, especialmente concienciadas y motivadas por el problema, han planteado la necesidad o han promovido directamente iniciativas de este tipo. Por su parte, las organizaciones españolas de periodistas también han sabido responder a la necesidad de asumir iniciativas de este tipo.*

En todo caso, aunque esta solidaridad de género haya motivado una mayor preocupación por esta cuestión, queda claro que tomar conciencia de este problema y adoptar una línea de rigor en su tratamiento mediático no es en absoluto una cuestión de género y sí de ética y profesionalidad periodísticas, así como de civismo y humanidad en general.

Gracias a estas iniciativas ningún periodista puede escudarse en la falta de pautas para abordar de forma rigurosa y ética este problema. Ignorar estos criterios ya no vale como excusa. Cuando algunos periodistas continúan apelando al  sentido común (el mismo que ha hecho que desde siempre se ignorara o tratara mal esta cuestión), a su propia experiencia (a menudo imbuida de las rutinas de siempre) o al argumento (confirmado por su propia actitud) de que este tipo de documentos y recomendaciones no sirven para nada, sólo hacen que dejar en evidencia su falta de celo y de rigor profesional. Lo que ciertamente no sirve para nada es la actitud acomodaticia de este tipo de periodistas, acostumbrados a seguir sus propias rutinas o las de sus redacciones sin ser capaces de hacer autocrítica o de aprender y mejorar en su ejercicio profesional conociendo y poniendo en práctica estas recomendaciones.

Retos pendientes

Puesto que ya disponemos de un amplio conjunto de iniciativas y documentos, los retos pendientes ahora son otros.

Primero, hay que dar a conocer estas iniciativas a los futuros profesionales del periodismo como parte esencial de su formación. Para ello es fundamental que la enseñanza de estas recomendaciones (e implícitamente la formación y sensibilización hacia este problema) forme parte del currículo de los estudiantes de periodismo a través de asignaturas como la ética profesional u otras, como periodismo especializado o periodismo social.

Segundo, hay que reclamar la necesaria especialización de los periodistas que cubren estas noticias (vid. la “Declaración de Valencia” en el Post anterior). Esta especialización debe tener como fundamentos el detallado conocimiento de las citadas recomendaciones éticas, de las claves esenciales de este problema (rasgos frecuentes de esta violencia, trasfondo social y cultural, tipología, datos, etc.), así como de las leyes y otras medidas e iniciativas que se hayan adoptado. Todo ello acompañado de una  agenda nutrida de expertos y expertas, y de aquellos organismos, observatorios, centros especializados, colectivos de todo tipo que trabajan en este ámbito, facilitando a su vez que el público los conozca y pueda acceder a ellos, especialmente las afectadas. La especialización y la ética periodísticas cobran así su más plena efectividad a través de un periodismo como mínimo de calidad y de servicio y, donde sea posible, de soluciones.

Finalmente, contando ya con profesionales adecuadamente formados y preparados y disponiendo de un buen número de pautas para el correcto tratamiento de estas informaciones, sólo restaría la labor de vigilancia y denuncia de su incumplimiento. Deberían crearse y dotase mecanismos de autorregulación  —o de corregulación en el caso audiovisual— que pudieran hacer un seguimiento de estas informaciones, permitiendo sacar indicaciones acerca de cómo se está haciendo y cómo seguir mejorando. Señalar qué medios y periodistas lo están haciendo bien o lo siguen haciendo mal ayudaría al público a actuar en consecuencia. Asimismo estos organismos podrían auspiciar investigaciones sobre cuestiones complejas, comenzando por la más urgente: la de si un exceso de atención y un tratamiento informativo poco adecuado de estos episodios de violencia de género está o no influyendo en su repetición o su frecuencia.

Sobre quiénes lo siguen haciendo 'mal'

Ciertamente cuando decimos que algunos medios y periodistas lo siguen haciendo mal, este “mal” adquiere ahora un sentido muy diferente del que podía tener hace una década. Cuando comentábamos el caso de Ana Orantes, que abrió el debate sobre esta cuestión en el periodismo español, la incorrecta actuación de los medios pudo explicarse porque no había precedentes. Sin embargo lo que es absolutamente inaceptable es que una década después, en 2008, se hayan repetido episodios de una naturaleza similar en las dos principales televisiones privadas españolas, Antena 3 y Tele 5.

A estas alturas no caben excusas y la actuación de estos medios y de sus (supuestos) profesionales no es mala por ignorancia o desconocimiento, sino que es mala en un sentido rotundamente moral: el de quien antepone la búsqueda de la audiencia y el deseo de ganancia a cualquier otra cuestión. Resulta difícil expresar el sentimiento de repugnancia moral y de ira que provoca el que este tipo de actuaciones siga teniendo lugar sin que pase nada.

Se trata del caso de Svetlana, una mujer de origen ruso que acudió, al parecer engañada o cuando menos desinformada, al programa Diario de Patricia de Antena 3 para encontrarse con su maltratador. Este individuo se le declaró una vez más en el programa y fue rechazado ante la audiencia. Unos días después la asesinó. El programa no se retiró ni un día y ni tan siquiera, que sepamos, hubo ninguna disculpa ni mucho menos aún compromiso de enmienda. Al parecer para algunos la televisión está para ganar dinero a toda costa y actuar con absoluta irresponsabilidad y total falta de humanidad, sin que nada más importe: ¡ni siquiera una vida humana! (¡!).

El otro episodio lamentable ha sido el pago a Violeta Silvestre, compañera del individuo que apaleó y dejó en coma al profesor Neira por intentar defenderla (cuando escribo esto aún sigue grave y apenas se ha recuperado de su coma), de una cantidad que podría haber superado los 70.000 euros por ser entrevistada en un programa de Tele 5. Sus declaraciones, en las que casi parecía justificar la actuación de su compañero, hacen un inmenso daño a la lucha contra la violencia de género. En todo caso, podría ser oportuno conocerlas —en un programa y un contexto adecuados— para tener más información sobre estos casos. Lo que es absolutamente inadmisible es que esto ocurra con la finalidad de acrecentar la audiencia. Y más aún que se haga pagando, algo que, con independencia de la cifra, es ya de por sí totalmente indigno e inaceptable. Indigno ante todo por humanidad, pensando en el daño que este hecho viene a sumar a los padecimientos del profesor Neira y su familia. Inaceptable por ética y rigor periodísticos, ya que prácticamente todos los códigos éticos del periodismo condenan este tipo de pagos.  Inaceptable en fin por la perplejidad que algo así habrá provocado en todos aquellos colectivos y personas que, siempre faltos de medios, dedican su energía y su esfuerzo a la lucha contra esta lacra social. Faltan las palabras a la hora de calificar moralmente un hecho como éste, cometido por un medio que se dice de comunicación. Falso: simplemente un negocio, y del tipo más bajo, indigno e inmoral posible.

Pasada una década desde el primero de estos casos, parece increíble que puedan repetirse otros similares sin que pase absolutamente nada y tengamos que quedarnos únicamente con el sentimiento de indignación y perplejidad ante actuaciones como éstas. Una situación así no es de recibo. A estas alturas ya no nos enfrentamos al desconocimiento o la improvisación, sino a la inmoralidad y la inhumanidad por el simple afán de lucro. Es triste que la televisión exista para esto; es increíble y vergonzoso que la libertad de expresión sea invocada además para amparar acciones de una vileza moral semejante.

El reto inmediato pues es articular y dar efectividad a un conjunto amplio y extendido de mecanismos de autorregulación y de corregulación que, en primera instancia, permitan prevenir actuaciones tan deleznables como éstas. Y que, en segunda instancia, contribuyan a hacer cada día mejor la comunicación social, un bien fundamental a la hora de enfrentar los muchos retos pendientes a los  que hay que hacer frente. Entre ellos y de los primeros, el de la violencia de género.

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(*) De hecho, si bien en los últimos años han aparecido documentos sobre un buen número de cuestiones como inmigración, infancia, anorexia, diversidad funcional, etc., el mayor número de iniciativas con diferencia se ha producido en relación a la violencia de género. La mayoría están disponibles en Internet. Por nuestra parte hemos recogido dos de los más destacados (“Noticias con lazo blanco” de la Unión de Periodistas Valencianos y “Tratamiento informativo de la violencia doméstica contra mujeres” del IORTV) en H. Aznar: Ética de la comunicación y nuevos retos sociales. Barcelona, Paidós, 2005, cap. XII.