Género, migraciones y ciudadanía. Expandiendo la agenda feminista de investigación*

 

Gender, Migration and Citizenship. Expanding Feminist Research Agenda

 

DILEMATA año 4 (2012), nº 1-4

ISSN 1989-7022

 

 

Resumen: Nuestro objetivo, desde una perspectiva de género, es visibilizar y analizar las desigualdades económicas, sociales y políticas, de orden global y local, relativas a la migración y la ciudadanía. La naturaleza de esta indagación es exploratoria e interdisciplinar. En el marco de las éticas aplicadas y de la filosofía política se entrecruzan hechos, normas y políticas públicas migratorias con el fin de hacer efectivos los derechos humanos.

Palabras-clave: género, migración, ciudadanía, Derechos Humanos

 

 

Abstract: Our aim is to visibilize and to analyze global/local economic, social and political inequalities related, from a gender perspective, with migration and citizenship. The nature of this research is exploratory, interdisciplinary and, in the framework of applied ethics and political philosophy, overlaps facts, norms, and migratory public policies in order to make human rights real.

Keywords: gender, migration, citizenship, Human Rights

 

 

El carácter de este dossier es exploratorio y hemos de decir, en primer lugar, que no agota, ni mucho menos, la pluralidad de temáticas acuciantes que se nos plantean cuando nos decidimos a cruzar los tres conceptos que dan título a esta indagación. Cuando nos propusimos analizar, bajo el paraguas de la teorización de la justicia y la ciudadanía las migraciones desde la perspectiva de género, no podíamos ni pensar en cuantas problemáticas prácticas, precisas y concretas, llamando insistentemente a las puertas de las éticas aplicadas y de la filosofía política, se nos podían agolpar en nuestra agenda de investigación. Con la conjunción de artículos que aquí presentamos se visibilizan cuestiones que han estado soterradas y que señalan la encrucijada problemática entre género, migraciones y ciudadanía como un potente detector de desigualdades e inequidades, de violaciones flagrantes de los derechos humanos, pero, también, de la agencia y el empoderamiento de las mujeres para enfrentar situaciones límites, tanto en el marco nacional como en el transnacional. De hecho, la cuestión migratoria en la actualidad desestabiliza los marcos tradicionales que correlacionan derechos, Estado-nación y territorialidad, pero también, las migraciones cuestionan y desestabilizan los roles de género, ya sea porque los debilitan o porque los refuerzan. Las ambivalencias van a ser constantes en este campo de estudio.

Nuestra intención es, pues, enmarcar la problemática de la feminización de las migraciones en los términos normativos de la ciudadanía. Por ésta entendemos, en un primer momento, un estatuto que garantiza derechos y otorga carta de pertenencia a una comunidad política. Inmediatamente de esta acotación se deriva el animadísimo debate acerca de lo que se denominan Políticas de la Pertenencia. Esta conceptualización rebasa y problematiza los recientes debates acerca del género y el multiculturalismo. El desear pertenecer a una comunidad imaginada es un nuevo factor que pugna por abandonar las adscripciones convencionales, y frente a las versiones comunitarias y cerradas, postula la postconvencionalidad de las pertenencias elegidas o constituidas y tejidas en las historias de los individuos y colectivos deslocalizados. Un ejemplo, podría ser la identidad latina en Estados Unidos, pero, frente al carácter reactivo del cierre identitario, las tradiciones socialistas, feministas y cosmopolitas, que no sólo son occidentales, hablan de las solidaridades ampliadas entre los trabajadores en contra de la explotación laboral, de las mujeres defendiendo sus derechos frente a las inercias patriarcales o de la humanidad toda, a partir de reflexiones no sólo ancladas en los derechos humanos, sino en el hecho que nos iguala: la vulnerabilidad, el hecho constitutivo de poder ser dañados1. Si la vulnerabilidad nos constituye, por mucho que el ideal de autonomía moderna, de tintes kantianos, la haya ocultado, el caso es que se ve incrementada por la dirección securitaria, y muchas veces xenófoba, racista y sexista, de las políticas migratorias y de sus operativos prácticos. Las políticas migratorias, en flagrante contradicción con la retórica ideal de la liberalización económica en esta era de la globalización, son un elemento del incremento notorio de la vulnerabilidad de las mujeres y hombres que deciden hacer uso del derecho liberal a la movilidad. La estigmatización, los controles, la vigilancia e incluso la represión son sus caracteres más definidos. Recientemente hemos puesto la atención en la trasmigración, al recorrido que a veces es largo y peligroso para llegar a destino. El caso es que proyectando sobre este asunto la perspectiva de género, y, posteriormente, la de la interseccionalidad que se le suma al complejizarla atendiendo a otros vectores de opresión como la clase y la etnia, vemos que la hipótesis de la constitución de un sistema sexo-género global con nuevas clases de servidumbre feminizadas salta como dolorosa conclusión inevitable. Las desigualdades e inequidades se conjugan en torno a la migración, al no reconocimiento de los derechos de los otros, pero el factor sexo-género estructura y delimita sectores especialmente vulnerables no sólo con respecto a las mujeres, sino, también, como se está empezando a estudiar, a la población que no responde a los imperativos de la heteronormatividad2. Por otra parte, asistimos a cómo las mujeres migrantes, especialmente, despliegan estrategias de adaptación y empoderamiento que retan las constricciones señaladas por el papel contra el que, en muchas ocasiones, se rebelan, el de víctima muda.

Especialmente relevantes, en el tema que nos ocupa, son los derechos económicos y sociales, entre ellos el derecho a la asistencia sanitaria hoy cercenado en España para el colectivo migrante “ilegalizado”. La fundamentación de los derechos humanos como universales choca con la particularización de los derechos que los Estados-Nación imponen con criterios de territorialidad. Los fenómenos transnacionales como desplazamientos de refugiados, diásporas y migraciones objetan y desafían la correlación ciudadanía nacional, territorio y derechos y plantean un reto magnífico, en el marco actual de la globalización, que pone contra las cuerdas la vigencia del estatalismo de los derechos. Uno de los horizontes utópicos de nuestro momento histórico sería que las fronteras nacionales no supusieran menoscabo de los derechos de los migrantes. En una reciente contribución, Nira Yuval-Davis, a la que volvemos a aludir, reconceptualiza la ciudadanía del siguiente modo:

“La ciudadanía no debería ser vista como únicamente limitada a la ciudadanía estatal, sino que debería ser entendida como la dimensión participativa del ser miembro en todas las comunidades políticas.”3

Pero pasemos ya a presentar las contribuciones que son la verdadera riqueza de este dossier. Ordenar los textos de este dossier no ha sido tarea fácil. Los objetivos eran prestar atención a los déficits de ciudadanía relativos al colectivo migrante, haciendo énfasis en la perspectiva de género y poner sobre el tapete las ambivalencias respecto a la necesidad de articular sentidos nuevos ligados a la agencia y al empoderamiento, sin dejar de hacer justicia a las descripciones de los hechos, de las terribles situaciones de indefensión y explotación, que enfrentan, demasiado a menudo, las mujeres migrantes.

En primer lugar, Rocío Bedoya, investigadora de la Universidad de Antioquía, al analizar las políticas de contingentes en la migración colombiana a España, desentraña un mapa de desigualdades potenciadas por la impronta meramente laboral de estas políticas. Señala la predilección por las mujeres jóvenes, altamente productivas, y no lo olvidemos, altamente reproductivas, y consigna como la explotación laboral y los bajos salarios señalan la incorporación de las migrantes demandadas por las empresas y el Estado Español. Bedoya contextualiza en el marco de la globalización las políticas migratorias y da cuenta de un escenario de asimetrías económicas, sociales y políticas marcadas por el género y por otros factores que conducen a la perspectiva de la interseccionalidad. Yuval-Davis define esta perspectiva, en relación con una economía globalizada que no puede prescindir de las migraciones, reactualizando una visión de la estratificación social a nivel mundial. En los estratos más desfavorecidos estarían las mujeres migrantes, junto con las mujeres de los países empobrecidos, y sus instalaciones sociales que modulan clase, género, raza-etnicidad y orientación sexual, entre otros factores. La migración, modelada y estigmatizada por las políticas públicas nacionales y transnacionales, se revela como un asunto antes marginal que ahora se convierte en asunto central para re-pensar las desigualdades en la era de la globalización y la misma tesis de la feminización de la pobreza.

En segundo lugar, la investigadora Rosana Triviño, del Instituto de Filosofía del CSIC, aborda la cuestión de los derechos reproductivos de las mujeres latinoamericanas migrantes en España y a partir del caso del uso abortivo del Misoprostol nos narra una respuesta ligada a las redes trasnacionales y al empoderamiento de las mujeres en relación con el hacer efectivo su derecho a decidir libremente la maternidad. A pesar del marco garantista, la ley actual de la interrupción voluntaria del embarazo, desgraciadamente objetada por el actual gobierno, el acceso real de las mujeres migrantes a la prestación correspondiente en el sistema de salud enfrenta múltiples barreras. La comunidad de referencia sigue siendo aquí la transnacional y la solución opera, con dificultades, al margen de las vías institucionales volviendo a proponer la privacidad del aborto farmacológico frente a otras opciones. Este caso y la reflexión ofrecida por Triviño sirven para visibilizar las estrategias de empoderamiento de las mujeres migrantes actualizando recursos ajenos al país de recepción y propios de las redes transnacionales. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes son así un capítulo que se abre en nuestra agenda de investigación feminista en construcción.

En tercer lugar, Sara García Cuesta, socióloga de la Universidad de La Laguna, nos aporta, en su texto sobre el fenómeno de la trata en España, no sólo elementos para comprender este oculto problema de violación de los derechos fundamentales de las mujeres, sino también, nos muestra como sin el enfoque de género y el relativo a los derechos humanos, no podemos abordar el reto ético, social y político de diseñar políticas que protejan efectivamente a las víctimas, ya que éstas aparecen marcadas por la ilegalización producida por las políticas migratorias securitarias. Nos resume así los aspectos fundamentales a los que llegó el proyecto de investigación “Poblaciones Mercancías: inmigración y tráfico de mujeres y niñas en España”4 cuyas conclusiones son ineludibles como investigación pionera en este campo.

En cuarto lugar, Esther Torrado, investigadora y especialista en la migración de los MENA, menores no acompañados, nos obliga a reflexionar acerca de las distintas modulaciones de la vulnerabilidad migratoria para los menores en función del género. Una perspectiva aún incipiente que revela como las niñas, los niños y los adolescentes están marcados por los mandatos de género, tanto por los de las sociedades de emisión como por los de las sociedades de recepción, así como por sus papeles en las estructuras familiares y comunitarias y por las diferentes concepciones de la condición de menor en distintas culturas. La referencia a la minoría de edad problematiza también la comprensión habitual de la ciudadanía al señalar otros modelos culturales. Se señalan, en suma, aquí las contradicciones entre el ánimo protector de la infancia y la adolescencia en nuestras sociedades y las realidades concretas del tratamiento a los menores no acompañados.

El atender a las migraciones nos obliga a salir de España y Europa como destino, y a mirar a otras realidades en las que la desprotección y la impunidad contra los delitos y coacciones ejercidas contra las migrantes son más que habituales. Frente al protagonismo dado a la frontera norte mexicana, la frontera sur, en este caso, Chiapas, se revela como un foco de tensiones exacerbadas que requiere de la lectura de género. Frente a las vindicaciones de los migrantes mexicanos en EEUU, más que justas, queda descubierto un doble rasero de dudosa legitimidad. Nuestra quinta contribución aborda la desatención y desprotección de los que se conocen ya como transmigrantes, e incluso, el que México sea un país de recepción para parte de la migración centroamericana. Tras describir las distintas realidades enfrentadas por las mujeres migrantes en este territorio, Genoveva Roldán, Daniela Castro-Alquicira y Ana Lucía Sarmiento, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, nos señalan los lineamientos normativos, inspirados en los derechos humanos, que convendrían a las políticas públicas migratorias. Este análisis reconoce los procesos de etnosexualización que se dan en las fronteras, en los que la etnicidad es determinante como orientadora de la inserción laboral en los sectores más precarios que demandan mujeres: las plantaciones de café y la agricultura, el servicio doméstico y la prostitución. La perspectiva de género y la de la interseccionalidad son instrumentos necesarios para dar cuenta de los fenómenos sociales, pero también, para proponer orientaciones normativas para las políticas públicas migratorias nacionales y transnacionales.

De la frontera sur mexicana, recalamos en Colombia, un país marcado por un conflicto esperamos que algún día cercano sea “reductible”. En sexto lugar, Adriana Gónzalez Gil, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquía nos enfrenta a la realidad del desplazamiento forzoso y a como las mujeres se ven abocadas a transmutar los roles de género tradicionales en la tarea de la feminización de la supervivencia tanto en lo ligado a las necesidades diarias como a las dimensiones políticas. La agencia social y política se reconoce aquí en las luchas por una ciudadanía efectiva que su propio Estado-nación les niega. Los potenciales de movilización y las organizaciones son activados por las mujeres que en esta nueva condición de vulnerabilidad redoblada enfrentan los retos sociales y políticos. Volvemos pues, a ver la cara y la cruz, de un lado la vulnerabilidad y la victimización y de otro, la agencia y el empoderamiento en situaciones verdaderamente límites.

En séptimo lugar, vamos a aludir a los enfoques ético-políticos feministas en torno a lo que se conoce como Cadenas Mundiales de Cuidados. Las mujeres migrantes cuidan de los hijos e hijas de las mujeres integradas en el sistema laboral, pero también de los enfermos y ancianos en las sociedades de recepción. El tema nos remite a la hipótesis de la conformación de un sistema sexo-género globalizado en el que la crisis de cuidados de las envejecidas sociedades del norte demanda trabajos de cuidados. Autoras como Eva Kittay y Nancy Fraser, entre otras, han atendido este fenómeno. En España, desde la sociología, la demografía y la economía, María Ángeles Durán y otras autoras como Cristina Carrasco o Amaia Pérez Orozco lo están abordando. Francisco Javier Gil y Tamara Palacio, de la Universidad de Oviedo, desde una perspectiva normativa, identifican los daños y las injusticias morales inscritas en estas cadenas globales de cuidados. Los factores de clase y etnicidad, junto al enorme problema del no-reparto del cuidado en el sector masculino de las sociedades del norte, juegan un papel decisivo en romper la solidaridad entre mujeres. Las dinámicas de explotación laboral y afectiva -cuidar no es exactamente igual que cualquier otro trabajo-, son repensadas a esta luz, en la que las familias transnacionales y el alejamiento de las madres migrantes de sus hijos e hijas que quedan a cargo de otras mujeres de la familia, abuelas o hermanas, en los países de origen cobran protagonismos. La pregunta que sobrevuela esta cuestión es la siguiente: ¿son estos “arreglos” migratorios los más justos para atender al derecho a las mujeres al trabajo en las mismas condiciones que los hombres? La respuesta es que no. Las políticas públicas relacionadas con el cuidado, con su socialización, parecen ser esenciales para desactivar locus de opresión y vulnerabilidad en el sector del trabajo doméstico y los cuidados. Repensar la ciudadanía de una manera no androcéntrica supone no sólo problematizar el par público/privado sino también asumir una revolución en la concepción de la Economía que incorpore el Cuidado como categoría central ligada a la reproducción social.

Finalmente, en octavo lugar, Elena Beltrán, filósofa del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, conceptualiza y reconceptualiza uno de los temas más acuciantes de las discusiones en torno a la reivindicación de ciudadanías diferenciales ligadas a las culturas y las religiones “otras” en Europa y los Estados Unidos. El cierre identitario y los fundamentalismos religiosos de algunas comunidades migrantes le llevan a hablar de “ciudadanía reticente”. La ciudadanía se reclama como protección y estatuto de libertades y derechos, pero, se utiliza por parte de los líderes culturales y/o religiosos para servir al atrincheramiento y al cierre de la comunidad. Entre otras cuestiones, la carga normativa de la igualdad entre los sexos, central a las democracias, es contestada duramente por los sectores integristas y por sus dinámicas de poder, internas, de los líderes respecto a la comunidad, y externas, de demonización de la cultura del país de acogida. Dado que el fundamentalismo religioso ligado al cristianismo también se ha reactivado y cuestiona aspectos de la igualdad de género, por ejemplo, el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la promoción de los colegios segregados por sexo, la cuestión planteada por Beltrán es urgente y candente. La autora, en este tenso contexto, se pregunta por el significado del respeto frente a la liberal tolerancia. El debate, pues, oscila y titubea, quizás, porque necesitemos nuevas conceptualizaciones de la ciudadanía, más centradas en la participación social y política, que relativicen las lógicas cerradas de la pertenencia nacional, cultural o religiosa. No podemos, además, olvidar cómo las desigualdades intersectan con las diferencias, y viceversa, en las llamadas sociedades de migración.

El visibilizar las asimetrías relativas al género en el ámbito de las migraciones colaborará, sin duda, en esta agenda de investigación en construcción, a clarificar los términos de debates decisivos en torno al carácter androcéntrico de nuestro pensamiento ético-político relativo a la justicia y la ciudadanía. El recorrer los textos que presentamos no agota el tema, ni mucho menos, pero es el comienzo de una labor exploratoria que, conjugando lo fáctico con lo normativo, intenta, desde la interdisciplinariedad que requieren los temas complejos que aborda la ética aplicada, construir alternativas al mundo realmente existente. Una tarea, la de generar cambios y alternativas en la dirección del “derecho a tener derechos” en la que el activismo feminista y pro-derechos humanos y los estudios de género siguen trabajando sin tregua.

Notas

1. Debemos mucho a Gabriel Bello en cuanto al desarrollo de la categoría de vulnerablidad migratoria, tanto en la ética teórica como aplicada. Cfr. G. Bello, Emigración y ética. Humanizar y deshumanizar. Madrid, Plaza y Valdez, 2011.

2. Raquel Osborne (coord.) La situación social de la población migrantes latinoamericana TLGB en España desde un enfoque de género y de derechos humanos. Santo Domingo, ONUMujeres, 2012.

3. “Power, Intersectionality and the Politics of Belonging”, FREIA Working Papers, n. 75, 2011. http://vbn.aau.dk/files/58024503/FREIA_wp_75.pdf Acceso 24 de septiembre de 2012.

4. http://digital.csic.es/bitstream/10261/48207/1/Poblaciones-Mercancia.pdf, Acceso 24 de septiembre de 2012.