1. Introducción

Numerosas cuestiones han intervenido para que, en México, el tema migratorio haya alcanzado un mayor nivel de visibilidad y remontado las reservas que existían para su tratamiento. Lamentablemente, una buena parte de lo que explica lo anterior se origina por las diversas experiencias perniciosas en las que se han visto envueltos los procesos migratorios en nuestro país en los últimos años y de los que destacamos los acontecimientos suscitados en agosto de 2010, cuando la sociedad mexicana y mundial se sacudieron ante la noticia del descubrimiento de la matanza de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas, en su gran mayoría centroamericanos; en abril de 2011 de nueva cuenta salieron a la luz la existencia de fosas clandestinas en el mismo estado de la República, contabilizándose 193 cadáveres, se supone que la gran mayoría pertenecen a migrantes mexicanos y centroamericanos, secuestrados en su trayecto hacia Estados Unidos (Amnistía Internacional, 2011). Las acciones del Ejército mexicano pertenecientes a la 38 zona militar con sede en Tenosique, Tabasco, del mes de mayo de 2012, al detener lanchas provenientes de El Naranjo y El Ceibo, ambas poblaciones en Guatemala, violentando la Ley de Migración, ya que no se le asignan al Ejército ninguna autoridad para detener migrantes. Los reiterados eventos de agresiones a los defensores de los derechos humanos de los migrantes, entre los que destaca el caso del padre Alejandro Solalinde quien es coordinador de la organización católica Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y director del albergue de migrantes en Ixtepec, Oaxaca, el cual tuvo que salir del país tras recibir seis amenazas de muerte en el transcurso de dos meses, ante la incapacidad del Estado mexicano de darle protección frente a las recalcitrantes posturas xenófobas y antiinmigrantes. Estos son sólo algunos ejemplos de las condiciones negativas en las que se desenvuelven los flujos migratorios en México y que le han dado notoriedad.

Por otro lado, el tema migratorio ha cobrado relevancia en las agendas gubernamentales nacionales y estatales, en lo concerniente a la necesidad de redefinir políticas de cara a la inmigración en México. Así se observa con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de mayo de 2011, de la nueva Ley de Migración que vino a sustituir a la Ley General de Población de 1974. A nivel estatal se encuentran las políticas públicas en Chiapas, en donde por la importancia de la inmigración se creó una Secretaría con la temática específica del flujo de migrantes en la región, concretamente se creó una Oficina de Atención a Migrantes que se ocupa del tema de salud, identidad y repatriación de cadáveres a sus países de origen. Estas nuevas acciones han suscitado voces a favor y en contra, se han reconocido sus avances y se han observado sus profundas limitaciones que colocan el tema migratorio todavía con muchas asignaturas pendientes en cuanto al diseño de políticas públicas que atiendan las diversas problemáticas que genera, desde una perspectiva que no se cierre a la inmigración que es demandada para la ocupación de puestos de trabajo en la agricultura, sector servicios, y construcción, entre otros y con avances reales desde el punto de vista de los derechos humanos. Para avanzar en esa dirección sugerimos que las propuestas de políticas deben estar fundadas en un diagnóstico serio y profundo de las diversas aristas del fenómeno migratorio, de ahí la enorme relevancia de los estudios sobre estos temas, los cuales resultan imperativos para estar en condiciones de conjeturar sobre las transformaciones necesarias en el Estado, en la sociedad y en la respectiva creación de políticas públicas que puedan materializar dichas transformaciones.

En cuanto a los procesos de feminización de las migraciones en México, requieren de un mayor conocimiento ya que se desenvuelven en un país en el que el tema migratorio observa varias expresiones. Aquí confluyen cuatro procesos que, a pesar de que se entrecruzan, cada uno de ellos exigen, en un primer acercamiento, una profunda mirada particular; la cual permitirá que en otro nivel de análisis se localicen sus intersecciones y articulaciones. Nos referimos a que México regularmente es reconocido como un país de origen, retorno y tránsito migratorio; menor atención ha recibido el hecho de que también es destino de diversos flujos migratorios. En cada una de estas condiciones, la incorporación de las mujeres exige un estudio detenido y, hasta el momento, no se puede afirmar que ninguno de ellos ya se encuentre agotado. Sin embargo, en el intento de que se visibilicen las distintas dinámicas migratorias en México, preocupa la escasa notoriedad que ha alcanzado su condición de destino, particularmente de las mujeres de Centroamérica que están radicando en el país, temporal o definitivamente, cuando muchas tienen hijos mexicanos y, además, se encuentran incorporadas en mercados laborales del país, particularmente en la región de Chiapas, en donde realizan trabajos que están íntimamente vinculados con el género y la nacionalidad, que ponen en evidencia una serie de violaciones a los derechos que acompañan al trabajo de todo ser humano, sufriendo la irregularidad del empleo, la discriminación, los horarios prolongados, la falta de pago por horas extras y de prestaciones estipuladas por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, es decir, de su inserción en los que son reconocidos como los TD (trabajos difíciles, sucios y peligrosos, se les llama TD por sus siglas en inglés: dirty, difficult, dangerous) y sin recibir la remuneración que las ciudadanas mexicana reciben, aún cuando realicen el mismo trabajo.

En lo referente a la frontera sur de México, ésta se ha caracterizado por tener una dinámica de movilidad intensa. En cuanto a movimientos poblacionales, es territorio de complejas interconexiones que se han entretejido a lo largo de la historia entre Centroamérica y México. Uno de los más recientes episodios es el que se observó a finales de la década de los setenta del siglo pasado, cuando la situación política centroamericana se volvió preocupante a nivel mundial, considerándose una amenaza en contra del dominio de Estados Unidos (EU) sobre la región. Es a partir de entonces que aumenta la importancia de la frontera y comienza a hablarse de La Frontera Sur de México como un área estratégica dentro de los planes de seguridad nacional, tanto para el gobierno estadounidense, como para el mexicano.

Al poner énfasis en la problemática de las mujeres migrantes centroamericanas que se establecen temporal o definitivamente en México, nos sumamos a un conjunto de reflexiones de índole nacional e internacional que se han propuesto identificar en los flujos migratorios, fundamentalmente de índole laboral, la presencia de mujeres sin el objetivo de incorporar la migración femenina en el concepto de “acompañantes” o con fines de “reunificación familiar” ya que esta opción, en la práctica, significa ocultar el trabajo que ellas realizan y su incorporación independiente a dichos procesos. No podemos perder de vista que la invisibilización de la mujer en los flujos migratorios no es ajena a la que se manifiesta en el conjunto de la vida económica, política y social a nivel mundial como resultado de su exclusión, sujeción y subvaloración (Roldán, 2010 y 2011).

Una de las expresiones más destacada de la creciente migración femenina ha sido su incorporación en los mercados laborales internacionales, tanto en sus sectores formales como informales. Situación que exige analizar la exposición que tienen a los riesgos y abusos (que han cobrado la calidad de “naturales”, tanto en los procesos migratorios como en su incorporación a la población económicamente activa), para estar en condiciones de precisar los niveles de vulnerabilidad en los que se desenvuelve este fenómeno. Esta llamada “feminización de la migración”, resalta que más mujeres en la actualidad emigran por derecho propio y en busca de sus particulares objetivos, entre los que se pueden encontrar el deseo de mejorar su situación social y económica.

De tal manera que incluir el género como categoría de análisis en los procesos migratorios tiene el propósito de colocar en un primer plano de análisis, el conjunto de prácticas sociales que afectan y son afectadas por la migración femenina, con la intención de ir más allá de la simple distribución por sexo de los colectivos que integran los flujos migratorios. Lo anterior significa que en la especificidad de los procesos migratorios de mujeres indígenas en Chiapas, tienen un papel central las relaciones sociales de poder y desigualdad de sus sociedades de origen, que configuran a los procesos migratorios internacionales y que estos, a su vez, tienen una particular incidencia en nuevos sistemas de creación de desigualdades de género. Estos procesos se han visto agudizados, en los últimos treinta años por la globalización que ha profundizado las brechas no sólo entre géneros, sino también entre regiones y clases sociales. En conclusión, en estas notas la categoría de género no se presenta como un monolito, ya que consideramos que ineludiblemente está vinculada con otras estructuras sociales de desigualdad, como son la clase, edad, nacionalidad y etnia, entre otras (Roldán, 2010).

A pesar de que es notoria su calidad de grupo vulnerable, las mujeres inmigrantes en México continúan en un estado de indefensión, ya que han sido ignoradas en la nueva Ley de Migración que se votó en las Cámaras el año pasado. La feminización del flujo migratorio centroamericano hacia México es un fenómeno que no observa una tendencia a su desaparición, por lo tanto, debe de estudiarse y tratarse como parte de la estructura política y social de la nación, sobre todo desde la perspectiva de la urgencia de tomar acciones y crear políticas públicas que protejan a este sector cuya problemática todavía no cobra la importancia debida, ni se incluye en las agendas gubernamentales.

Además de esta Introducción, este artículo consta de tres apartados, en el primero presentamos algunos de los distintos ángulos que se observan en la migración de mujeres centroamericanas en la frontera sur de México, sobre todo en el caso de Chiapas, abordaremos algunos elementos sobre una serie de aspectos que dotan de relevancia a este fenómeno y al estudio de su realidad, de manera que se pueda ahondar en el conocimiento de su naturaleza; en un segundo apartado presentamos algunas reflexiones que provocan las actuales políticas públicas y concluimos con algunas sugerencias de acciones que consideramos necesarias en el contexto actual de estas migraciones femeninas.

1. Los flujos migratorios internacionales femeninos: el caso de las mujeres centroamericana en Chiapas

La magnitud de la movilidad femenina (1.5% de la población mundial) se encuentra lejana a ser un proceso masificado, que justifique las señales de alarma lanzadas en ciertos medios de comunicación, en algunos ambientes políticos y ciertos grupos de la sociedad civil antiinmigrante; situación que no significa minimizar la fuerte interconexión que tiene la migración femenina con fenómenos culturales, económicos y sociales que resultan de las raigambres construidas en los mercado laborales y de las relaciones sociales que generan a su alrededor, y menos aun desestimar los alcances de este fenómeno en ciertas regiones, Estados nacionales y/o localidades, así como en las construcciones sociales contemporáneas. Un referente reciente sobre la extensión de la movilidad internacional es el que nos presenta el Informe: El Salto al Norte, de UNICEF, en donde se muestra que, durante el año 2010, hubo 214 millones de personas que migraron en todo el mundo (UNICEF, 2011: 6).

La migración femenina en 1994 era identificada como la de “las familiares” de los migrantes por la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo; en la actualidad continúan migrando pero con la diferencia de que ahora son identificadas en flujos que tienen por objetivos los mismos que los hombres. De acuerdo con datos de CEPAL (2005: 29), América Latina fue la primera región en donde se igualó la movilidad internacional entre hombres y mujeres en general y, especialmente, la que se realiza hacia países fronterizos con mayor desarrollo, es el caso de las paraguayas, bolivianas, nicaragüenses, guatemaltecas, colombianas y peruanas que migran a Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Chile, EU, España y Japón. En diversas estadísticas mundiales, se afirma que es en el sector del servicio doméstico donde más se concentran las mujeres en la migración internacional, la OIM también afirma que son las mujeres la mayoría de las víctimas en la trata de personas.

De acuerdo con datos del Banco Mundial (2008), en relación con el sexo masculino, el número de migrantes mujeres es más alto en la antigua Unión Soviética (58% en aumento); se mantienen aproximadamente igual y está creciendo en Europa, Oceanía y América Latina y el Caribe (50%); es igual y se mantiene estacionaria en América del Norte y es más baja en África (47% en ascenso), en Asia (43%, en ascenso) y la región con la menor proporción de migrantes del sexo femenino es Oriente Medio, donde representa 38.4 por ciento.

También podemos observar el incremento en la participación y la importancia de las mujeres en la migración a partir de su alta laboral, es decir, su afiliación a la seguridad social. En cuanto a la inmigración hacia España y según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, para 2009, de los 1 811 879 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 788 121 eran mujeres, es decir, las mujeres representaban el 43,5% del total de afiliados extranjeros. En el conjunto de la población migrante en España, las mujeres son casi la mitad de los afiliados, sin embargo, por nacionalidades se producen diferencias muy importantes. Para el caso de la migración latinoamericana en aquel país, las mujeres son mayoría (salvo el caso peruano); para Bulgaria, China, Rumania y Marruecos, su proporción de afiliación es menor a la de los hombres, resaltado Marruecos como el caso donde encontramos las mayores disparidades (ver Gráfica 1).

Fuente: Pajares, Miguel. Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2010, Documentos del Observatorio permanente de la Inmigración, no. 25, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Gobierno de España, p.68.

Los migrantes que transitan por el territorio mexicano emprenden rutas distintas y realizan su viaje de distintas maneras, es decir, pueden viajar por medio de “coyotes” o “polleros” con desplazamientos en camiones, camionetas o autobuses. Toman vías distintas, soportan condiciones de asfixia, entumecimiento muscular o hacinamientos, además de múltiples vejaciones de las que son víctimas prácticamente todos los migrantes que cruzan la frontera sur. Uno de los medios más utilizados es la del llamado “tren de la muerte” o “la bestia”, que recorre prácticamente toda la geografía del país, de sur a norte, y de donde se cuelgan muchas personas en su techo. Cada año, este tren acaba con la vida de varios centenares de personas, algunas veces de manera accidentada y otras de manera provocada. Es, además, el medio por el cual cruza el país la mayoría de las personas que viajan por su cuenta (9.4% del total).” (UNICEF, 2011: 43). Son miles de personas las que atraviesan México sin documentación, en calidad de migrantes irregulares y emprenden uno de los viajes más peligrosos, recorren alrededor de 2,400 kilómetros en busca del trabajo que en sus países no se genera y/o de mejores sueldos. De este flujo, nueve de cada diez personas proceden de Centroamérica (Amnistía Internacional, 2010: 5), los cuales se suman a los miles de mexicanos que emigran de manera irregular hacia EU en busca de trabajo.

De cada 10 migrantes que cruzan la frontera sur –independientemente de la manera en la que emprendan su viaje– 3 son mujeres y muchas de ellas migran con fines estrictamente laborales (Gereda, Marcela; Aragón, Argán, 2012). En su recorrido desde la frontera sur mexicana, muchas de ellas se ven obligadas a utilizar su cuerpo como moneda de cambio, quedando más expuestas ante los riesgos del camino y sufriendo mayores violaciones a sus derechos humanos, completamente desprovistas de cualquier apoyo legal. Dentro de este marco, se observa que ocho de cada diez mujeres centroamericanas son violadas en su paso por el territorio mexicano (Gereda, Marcela; Aragón, Argán, 2012) y, de aquellas que llegan a establecerse en la zona del Soconusco en el estado de Chiapas, 20% se dedican al trabajo doméstico y a ser vendedoras ambulantes, mientras las demás (de las 14 mil que residen temporalmente en México), se dirigen al trabajo sexual, al sector del turismo y al sector agrícola en los plantíos de café, papaya, plátano, tabaco, soya y sorgo (Apuntes sobre migración No. 1, 2011).

La existencia de mercados laborales que demandan esa fuerza de trabajo, no sólo en EU, sino también en la región de Chiapas, manifiesta una complementariedad dependiente con la situación en la que se encuentran las economías centroamericanas, en donde pasaron de encontrar sus bases en la exportación de materias primas como el café, la caña y el algodón, a ser economías dependientes, en gran parte, de la exportación de trabajadores y receptores de sus remesas; de las cuales alrededor de 27.6 millones de quetzales (3,503,544 dólares estadounidenses aproximadamente) que llegaron a Guatemala en forma de remesas fueron enviadas por las mujeres migrantes (Gereda, Marcela y Aragón, Argán, 2012).

En la actualidad, se observa un gran número de mujeres inmigrantes centroamericanas (en su mayoría guatemaltecas, y en menor medida salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses) que se insertan en el mercado laboral en la región del Soconusco en Chiapas; en el caso de las mujeres guatemaltecas, se puede ver que, prioritariamente, se dirigen a los campos agrícolas y al trabajo doméstico, mientras que las otras nacionalidades se dirigen al sector servicios o al trabajo sexual, es decir que, en este contexto, el género y la nacionalidad resultan claves para entender que las mujeres son absorbidas por distintos sectores del mercado, por lo cual sus experiencias no serán las mismas. Es importante destacar que del total de migrantes internacionales (214 millones de personas), 1,637, 119 (alrededor del 11%) fueron de origen guatemalteco (UNICEF, 2011: 6).

1.1. Jornaleras agrícolas

A partir de 1850, Chiapas fue escenario de un proceso profundamente relacionado con la movilidad de la población: la creación de fincas cafetaleras en el Soconusco, cuyo auge se basó en el uso intensivo de fuerza de trabajo traída, en un principio, de la zona de los Altos de Chiapas y complementada con la mano de obra campesina del Altiplano Occidental de Guatemala (Castillo, 1992). La movilidad de esta población está asociada a la cercanía geográfica y a las relaciones sociales y culturales desarrolladas históricamente entre los habitantes de estas dos regiones. Estos movimientos consolidaron una tradición migratoria de jornaleros y jornaleras agrícolas —que hoy tiene más de 150 años— dirigida hacia las fincas cafetaleras, de cacao y bananeras principalmente. Esta inmigración tiene un carácter temporal puesto que sólo se requiere de esa fuerza de trabajo en los meses que van de septiembre a enero.

La migración temporal anual de trabajadores y trabajadoras guatemaltecas a las plantaciones del Soconusco se consolidó como un flujo sistemático y esencial para la economía de la región. Desde el siglo XX hasta la actualidad, este tipo de migración ocurre en alto grado de manera indocumentada, pero con una abierta tolerancia debido a que su presencia es necesaria en las grandes fincas. En el caso del cultivo del café, la familia completa —desde los niños y niñas hasta los abuelos y abuelas pasando por los jóvenes, madres y padres— viaja a las plantaciones cada año. El trabajo familiar es estimulado porque el pago se realiza a destajo lo que hace indispensable el trabajo de todos los integrantes de la familia para logar recolectar una mayor cantidad del producto cosechado.

En relación al caso específico de las mujeres existe un número importante que se insertan en las actividades agrícolas de manera independiente. Estas trabajadoras se exponen a un grado mayor de vulnerabilidad que los varones, debido a las persistentes diferencias entre hombres y mujeres dentro de la sociedad en general. La mayor parte de ellas recibe salarios y porciones de comida menores en comparación con los jornaleros, y a pesar de realizar las mismas actividades que ellos, su trabajo no es reconocido socialmente de igual manera. Además, las mujeres no sólo tienen una participación activa en el trabajo agrícola, sino también cumplen un papel fundamental en la reproducción de la familia jornalera.

1.2. Trabajadoras domésticas

A partir de los años ochenta se incrementó el número de mujeres migrantes centroamericanas que se ocupan en las tareas domésticas de los hogares de las localidades urbanas de clases medias y altas. En su mayoría se trata de mujeres indígenas, jóvenes (entre 12 y 20 años), de origen rural y con un bajo nivel de escolaridad. El 90% de ellas proviene de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango y San Marcos, que son los más pobres de Guatemala. Su principal destino es la ciudad de Tapachula, donde pasarán a laborar y vivir en hogares donde estarán disponibles las 24 horas del día para atender a los patrones, lo cual les permite resolver sus necesidades básicas y enviar casi todo el dinero que perciben a sus familias. Algunas iniciaron su experiencia laboral como acompañantes de sus padres o familiares en el trabajo agrícola. Vienen a trabajar a México para ayudar económicamente a sus familias porque el pago por esta actividad es mayor que en Guatemala.

El tiempo de su permanencia en la región es variable. Puede ir desde dos o tres meses a cuatro años o más. Existen pocos casos en que llega a prolongarse más de diez años. Su estadía es intermitente, pues cada dos o tres meses acostumbran a ir a sus lugares de origen donde permanecen algunas semanas e incluso meses, posteriormente regresan al Soconusco para continuar trabajando en el mismo lugar o en otro nuevo (Casillas, 2006). En cuanto al modo de contratación de estas trabajadoras, las redes de amistad y familiares son imprescindibles para conseguir el empleo. La recomendación de algún conocido es la principal manera de acceder a estos trabajos. Aunque también existe otro mecanismo utilizado en Tapachula, es la contratación que se efectúa en el Parque Hidalgo, allí acuden los jueves y domingos tanto las mujeres que desean encontrar trabajo, como quien desea emplearlas.

En los años anteriores al 2008, la mayor parte de estas migrantes ingresaron a México con un Pase Local que permitía permanecer en el territorio durante tres días. Al vencerse ese tiempo, su situación migratoria se volvía irregular. Después de abril del 2008, este Pase se ha sustituido con la Forma Migratoria de Visitante Local (FMVL), sin embargo, puesto que las trabajadoras domésticas no son visitantes locales, sino que residen por periodos largos o de manera permanente, esta forma es de difícil acceso para ellas. Por otro lado, tampoco pueden acceder a la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF), que es la que utilizan los trabajadores agrícolas, puesto que el trabajo doméstico se considera informal y, por lo tanto, no pueden regularizar su situación migratoria. La criminalización de este flujo de trabajadoras, las sitúa en una posición muy vulnerable en cuanto a abusos. Sus jornadas laborales son muy largas y el sueldo mensual que reciben va entre los $700 y $800 pesos mexicanos (entre 50.04 y 57.19 dólares estadounidenses). La mayoría de ellas ha sido víctima, al menos en una ocasión, de ser inculpada por robo, de acoso y abuso sexual por parte de los patrones, amenazas con denunciarlas a migración, despido injustificado, maltrato físico y verbal (se refieren a ellas como «las envueltitas», «enrodallitas», «taquitas», «chapinitas» o «chapincitas», por su origen y faldas envolventes que visten), retención o negación de su sueldo y carencia de prestaciones laborales básicas.

El trabajo doméstico en la frontera sur es una realidad laboral de explotación recurrente y normalizada. Las precarias condiciones laborales y otro tipo de abusos contra ellas, suelen venir acompañadas de una constante discriminación cargada de fuertes connotaciones raciales. Su nula disposición a la información sobre las mínimas condiciones de trabajo que deben garantizarse y su carácter indocumentado favorece el temor a realizar cualquier tipo de denuncia ante las autoridades.

1.3. Mujeres en el comercio sexual

La frontera sur es un área en la que ocurren un gran número de situaciones que tienen que ver con actividades ilícitas, violencia, inseguridad, etc. Las y los migrantes centroamericanos, algunas veces, participan de manera involuntaria y en otras de forma voluntaria en las redes de la economía criminal, evidenciando la fuerte complejidad social que se desenvuelve a su alrededor. Uno de los problemas más evidentes en la frontera es la trata de personas de origen centroamericano, particularmente de mujeres y niños que son sometidos a distintas formas de explotación. La trata requiere para su eficacia, el desarraigo de la persona de su familia y comunidad, por ello, los migrantes representan un grupo vulnerable, sobre todo si, conociendo su necesidad y su intención de migrar, los tratantes recurren al engaño para trasladar a las victimas hasta donde serán explotadas laboral o sexualmente.

La trata en un entorno de abusos y miseria, como lo es la frontera sur, se da de manera simultánea con otras prácticas ilegales como la prostitución forzada, prostitución de menores, pornografía infantil, esclavitud, servidumbre involuntaria, matrimonio forzado, trata para mendigar y para extracción de órganos, aborto forzado, embarazo forzado, tortura, agresión sexual, lesiones corporales, asesinato, secuestro, retención de documentos de identidad, etc. Es decir, la trata es la combinación de una serie de delitos y no un delito único, a pesar de ello, las leyes en contra de los tratantes son débiles, especialmente porque las denuncias son casi nulas. Además, frecuentemente, las víctimas son consideradas como delincuentes y, en lugar de ser apoyadas, son detenidas, procesadas y deportadas. En muchos casos las víctimas no se reconocen como tales porque piensan que voluntariamente se insertan a alguna de esas condiciones.

En el caso específico de Tapachula se identifican como principales víctimas a niñas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre los 13 y los 17 años de edad. Según un estudio del año 2000 de UNICEF, se reporta la existencia de, al menos, 600 jóvenes distribuidos en zonas de tolerancia de las localidades de Tapachula, Tuxtla Chico, Suchiate, Frontera Hidalgo, Puerto Madero y Cacahoatán. Estas niñas laboran en centros botaneros, antros y bares cuyos dueños obtienen, en promedio, 75 pesos (5.36 dólares estadounidenses) por cada cliente, mientras ellas reciben treinta pesos (2.14 dólares estadounidenses) (Paz, 2009). El INEGI reporta que, para el 2009, alrededor de 20 mil menores eran esclavizados con fines de explotación sexual a pesar de la aprobación en 2007 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la publicación de su reglamento en 2009. Resulta evidente que no basta con que existan leyes, si no son debidamente implementadas.

1.4. Mujeres transmigrantes centroamericanas en su paso por Chiapas

Cabe destacar que, dentro de este panorama, no todos los y las migrantes pasan por el estado de Chiapas, México y deciden quedarse y laborar en la zona, muchos de ellos residen únicamente de manera temporal en lo que continúan su viaje para llegar a EU: “Debido a la situación geográfica del estado de Chiapas y las características del mercado laboral, particularmente de la región del Soconusco, se entiende que la inmigración sea una constante, además de ser el primer paso para los transmigrantes que vienen de Centro y Sudamérica.” (Lachica Huerta, Fabiola y Martínez Junco, Santiago, 2011). La migración centroamericana hacia los EU pasando por México, es un fenómeno que comenzó con el flujo de individuos y pequeñas familias que no tenían un destino específico en la zona sur de México, sino que más bien utilizaban este territorio como una región de paso hacia territorio estadounidense y, en los años ochenta, dicho flujo se fue consolidando.

A principios de la década de los noventa, se firmaron en El Salvador los Acuerdos de Paz y el proceso de pacificación en Guatemala progresaba. Estos eventos representaron el fin de las migraciones detonadas por los conflictos armados. Sin embargo, entre los años 1992-2005, se generó otro gran contingente proveniente de estos dos países que se dirigieron a EU, resultado de las recurrentes crisis económicas, desmantelamiento de la agricultura de subsistencia, brusca caída de los precios del café, estragos del huracán Mitch, la tormenta Stan, la creciente ola de delincuencia asociada a las maras, todas ellas se convirtieron en las variables complementarias de la demanda de esa fuerza de trabajo por la economía estadounidense, la cual se convirtió en un poderoso detonante de estos flujos. Pese a lo anterior y de forma paralela, aparecieron restricciones al tránsito centroamericano y proliferaron las extorsiones, maltrato, abusos y violaciones a sus derechos humanos como resultado de la criminalización de estos procesos. El flujo migratorio centroamericano está compuesto primordialmente por mujeres y hombres provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua y, se estima, en las cifras oficiales en alrededor de 60 mil, sin embargo, según estimaciones de organizaciones civiles, cada año emigran desde Centroamérica hacia EU entre 500 mil y 800 mil personas (Castro, A., 2011).

Actualmente, las características de las personas que componen el flujo son muy diversas. Su perfil es de hombres entre los 15 y 35 años; también es sabido que hay presencia de menores y mujeres. A nivel internacional, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las mujeres y niños representan un 47% dentro de este flujo. De acuerdo con las estadísticas de los eventos de aseguramiento en 2009, encontramos que los hombres tienen una participación mucho más significativa con 83.5% frente al 16.4% que representan las mujeres y menores. En estos flujos las mujeres son víctimas de secuestro y otros delitos que no resultan menos graves. En las ciudades y sitios semiurbanos a lo largo de México existen un gran número de bares, antros, burdeles y hoteles, utilizados como puntos de prostitución forzada. Los secuestros en muchas ocasiones se orientan al abastecimiento de mujeres para estos lugares, aunque también son secuestradas porque sus amigos y familiares responden más rápido en cuanto a los pagos de la extorsión para lograr su pronta liberación (Altamirano, 2011). Las mujeres y niñas son más propensas a ser detenidas, sufrir abusos sexuales, a la trata de personas, a los robos, etc. No existen cifras exactas de mujeres y niñas que transitan por territorio mexicano y mucho menos del número de delitos y violaciones de derechos humanos de las que son víctimas. Amnistía Internacional calcula que seis de cada diez mujeres migrantes son abusadas sexualmente en su viaje a los EU. Las mujeres centroamericanas que planean migrar utilizando las rutas mexicanas, dando por hecho que las violarán en el camino, han optado por inyectarse una solución anticonceptiva para —al menos— no quedar embarazadas por sus agresores, de estas agresiones no escapan las mujeres embarazadas; así como a los migrantes hombres se les exigen cuotas para evitar ser detenidos, a las mujeres se les ofrece continuar el tránsito a cambio de favores sexuales (Castillo y Toussaint, 2008). La mayor parte de los delitos que enfrentan las migrantes se quedan sin solución ya que, por ser indocumentadas, no se acercan a las autoridades mexicanas, además de la desconfianza que estas policías les generan.

1.5. Remesas

Otra de las maneras en las que se puede observar la magnitud de la migración femenina centroamericana en el territorio mexicano es a partir de los fondos que envían a su país de origen, es decir, las remesas. En el caso centroamericano, se puede observar que “las mujeres se han transformado en la fuente de una de las contribuciones principales a su país de origen a través de las remesas (OIM, s/a: 9). Por diversos organismos internacionales se considera que el incremento de la participación de las mujeres en el envío de remesas las convierte en una suerte de “fuerza del desarrollo”, ya que ellas empiezan a ocupar más espacios dentro del mercado laboral en el extranjero. Sin embargo, se han realizado investigaciones que han corroborado que ni la migración, ni las remesas han significado para las mujeres una erradicación profunda de las desigualdades de género. No debemos perder de vista que para comprender las relaciones de género es imprescindible vislumbrar más allá del género, estableciendo una relación dialéctica entre las diversas formas de segmentación y jerarquización social con las relaciones de género.

La OIM señala que: “los estudios recientes han demostrado que las mujeres en general transfieren, en calidad de remesas, una proporción mayor de sus ingresos que los migrantes varones. Esto puede suceder tanto con las migrantes internacionales como internas” (OIM, s/a: 10). En el caso particular de Guatemala, podemos ver que, todavía, las remesas provienen de una población predominantemente masculina, la cual ocupa un 72.4% del total (UNICEF, 2011: 23). Esto se refleja en nuestro tema de estudio ya que, el 97.4% de las remesas que llegan a Guatemala provienen de EU, dejando a México con un 0.3% y a Canadá con 1.1% (UNICEF, 2011: 30), es decir, el grueso de las remesas provienen del territorio al que se dirige en su mayoría la población masculina centroamericana.

A continuación, se presenta una tabla que incluye los datos generales de la inmigración guatemalteca; la cual nos permite ejemplificar lo estipulado en este primer apartado, es decir, un panorama de las condiciones en las que migran los centroamericanos, haciendo un énfasis particular en el caso de las mujeres.

Tabla 1. Radiografía de la emigración guatemalteca

	Variable	Año 2010
Perfil del emigrante	Total emigrantes.	1,637,119
	Sexo emigrantes.	72.4% hombres 27.6% mujeres
	Edad emigrantes.	64.4% entre 0 y 30 años
	Nivel educativo.	28.2% primaria completa 15.8% secundaria completa 20.4% diversificado completa
	Años de escolaridad promedio.	8.7 años
	Departamento de procedencia.	19.4% Guatemala 10.5% San Marcos 8.4% Huehuetenango 6.1% Quetzaltenango 5.0% Jutiapa 4.6 % Escuintla
	Etnia.	15.0% indígena
Forma de viaje	Lugar de destino	97.4% Estados Unidos 0.8% Canadá 0.7% México
	Toma de decisión	78.0% decisión propia (año base 2008)
	Modo de viaje	60.3% coyote 9.4% por su cuenta 16.3% visa de turistas
	Costo del viaje	5,000 dólares (42.7%)
	Forma de pagarlo	24.8% con ahorros
	Deportaciones	57,185
Motivaciones	Causa de la emigración	88.9% busca empleo o mejorar su condición salarial 1.6% construcción de vivienda 3.2% reunificación familiar
	En qué trabajan	27.1% servicios comunales sociales y personales 24.7% comercio, restaurantes 15.0% construcción 10.0% industria manufacturera, textil
	Salario medio	1,800 dólares/mes

(Fuente: (OIM/UNICEF, 2011), (PDH, 2011)

2. Algunos elementos sobre las políticas públicas para las mujeres establecidas o en tránsito en Chiapas, México

Este apartado tiene por objetivo polemizar sobre el contenido principal de las políticas públicas existentes hacia las mujeres migrantes en Chiapas, ya sean aquellas que están establecidas en el territorio o las que se encuentran en tránsito, en tanto que son un grupo que presenta una serie de interrogantes y problemáticas distintas, tanto sobre su naturaleza, como sobre la manera en la que se pueden enfrentar sus problemáticas. Al respecto resulta reveladora la opinión de que: “La política regional migratoria gestionada en la frontera sur, se presenta en la práctica insuficiente en relación con la situación de desprotección y vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres migrantes debido a la falta de acceso y goce pleno de estos derechos. En términos generales estas políticas no cuentan con una perspectiva de género, con medidas específicas o de acción positiva para combatir la discriminación, particularmente hacia las mujeres migrantes indígenas, ni con una visión clara y expresa de la interdependencia de los derechos analizados” (Díaz Mansilla, Luis Fernanda, 2011: 39). La situación de vulnerabilidad de los migrantes en la frontera sur y las violaciones de que son objeto por parte de las autoridades mexicanas, se magnifican en virtud de la contradicción que surge ante que lo que se exige para el norte, al menos verbalmente, no se respeta en el sur.

Lo anterior no es resultado de que no existan políticas públicas focalizadas para la frontera sur, sino que las que existen resultan ser muy generales, en donde el contenido de las leyes no se corresponde con la acción de diversas instituciones y, en particular frente a las migraciones femeninas, no prevé las diferencias que la situación de género exige. Por otro lado se observa que existe una falta de visión de interdependencia entre todos los derechos a los que deben acceder los y las migrantes, como es el caso del derecho de tránsito y el derecho a la asistencia médica, los cuales – en la legislación mexicana – están disociados el uno del otro. De acuerdo a la OIM, se observa que “en muchos países, el acceso a la asistencia médica tiene una estrecha vinculación con el status legal de los migrantes. Las mujeres son particularmente vulnerables en este caso, debido a la necesidad de atención de su salud reproductiva o a que, en general, trabajan en el sector informal y están expuestas a ciertas enfermedades con más frecuencia. También son vulnerables a presiones psicosociales, tales como las esperanzas puestas en una cultura, la marginalización en la sociedad de destino y la responsabilidad de la doble carga que le imponen el trabajo y la atención (aunque sea a distancia) de sus hijos. En ocasiones, sufren abusos físicos o sexuales durante el proceso de migración o en el país de destino.” (OIM, s/a: 4), en otras palabras, el acceso a los servicios médicos, a la asistencia jurídica o a cualquier tipo de protección que se les pueda garantizar a las mujeres migrantes como derecho humano, se ve mermado en la frontera sur por ser, en su mayoría, migrantes irregulares.

Las políticas públicas que existen en cuanto al derecho al trabajo en el caso de las mujeres migrantes son prácticamente inexistentes. Se puede observar que la discriminación, los tratos inhumanos y la reiterada violación a sus derechos se hacen palpables en su acceso al mercado laboral dentro del territorio mexicano, siendo la legislación la primera en poner obstáculos a las mujeres migrantes para poder gozar de un trabajo digno. De acuerdo a la OIM, “las mujeres migrantes enfrentan una doble discriminación en el mercado de trabajo, como mujeres y como extranjeras. Con frecuencia tienen un limitado acceso al empleo y los programas sociales, debido a su status de “dependientes”. Su residencia legal muchas veces está ligada a su relación con un ciudadano o “migrante primario” y si esa relación cambia, puede enfrentarse con la deportación o la pérdida de sus derechos.” (OIM, s/a: 11). Ésta afirmación nos remite a uno de los cambios más importantes dentro de los flujos migratorios femeninos, es decir, la cuestión de que las mujeres han dejado de migrar con el objetivo único de reunificación familiar y que es muy importante la migración por su propia cuenta y decisión de mejorar su vida y condiciones.

Lo anterior, no significa que se desconozca que, en la actualidad, las mujeres migrantes, a partir de las acciones del gobierno del estado de Chiapas, el único en la República Mexicana, que ha creado una Fiscalía Especial para Delitos contra Migrantes. No resulta una política pública como tal, pero sí es un avance en las decisiones gubernamentales y estatales para contener los abusos y vejaciones de los que son víctimas todos los días los migrantes en la frontera sur. En cuanto a su origen, Amnistía Internacional nos dice que esta Fiscalía fue creada “bajo la presión de las ONG locales y los cónsules centroamericanos en Tapachula para que se pusiera fin a los abusos contra los migrantes” (Amnistía Internacional, 2010: 31), habría que ver más a fondo si se ha tomado en cuenta la visión de género dentro de la Fiscalía, en caso contrario esto se le podría sumar a las limitantes que tiene en su estructura.

A nivel mundial existen buenas prácticas que deben ser tomadas en cuenta para la experiencia mexicana. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró en junio de 2011 su centésima Conferencia, en la cual, uno de los temas a discutir fue la aprobación de un Convenio y Recomendación del Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos (actualmente aprobados); su aprobación y ratificación permite a los países armonizar sus legislaciones nacionales con este instrumento, sobre la base de las tres prioridades que la OIT ha insistido frente al tema del trabajo domestico: 1) El reconocimiento de que el trabajo del hogar se inscribe en el mandato de la OIT de promover el trabajo decente para todos; 2) La determinación de llevar adelante la promoción de la protección social para los trabajadores de la economía informal y; 3) La resolución de fomentar una globalización equitativa a la luz de la resolución de la OIT sobre el otorgamiento de un trato justo a los trabajadores migrantes en una economía. El convenio representa un paso histórico en el reconocimiento a este trabajo, desempeñado en su mayor parte por mujeres, entre las que se encuentras las trabajadoras migrantes.

Los progresos alcanzados en cuanto a la protección de las trabajadoras migrantes también se localizan en ciertas “buenas prácticas” instrumentadas en diversos países, las cuales se convierten en importantes puntos de referencia para la definición y construcción de acciones más generalizadas con perspectiva de género. Particular importancia ha adquirido la problemática de las empleadas domésticas, lo cual ha llevado a instrumentar en diversos países acciones que se proponen la protección de sus derechos laborales. Es el caso de las reformas para garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas en Costa Rica, incluyendo a las trabajadoras migrantes procedentes de Nicaragua, proceso que se encuentra documentado en el informe Políticas públicas sobre migración laboral. Herramientas y buenas prácticas (OIM, 2010:77), y en el que se parte de que cerca del 70% de las trabajadoras en ese sector son originarias de Nicaragua, con salarios muy bajos y largas jornadas laborales, y sin ningún tipo de seguridad social frente a los riesgos laborales, discapacidad, pensiones o seguro de vida. La Asociación de Trabajadoras domésticas (Astrodomes), con trabajadoras afiliadas de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, en colaboración con la OIM y a OIT, aplicó una encuesta en el Distrito Montes de Oca de San José, Costa Rica, en 2001, y seis años después se logró que la Sala Constitucional estableciera el derecho a un día completo de descanso a la semana y días feriados públicos. Además, se declaró inconstitucional la división de la jornada laboral que justificara días de hasta 15 horas.

Probablemente la mejor manera para comenzar a analizar los límites que existen en las políticas públicas para las mujeres migrantes en Chiapas sería desde el grupo en sí mismo, en tanto que, pese a la existencia de ciertas acciones e instrumentos internacionales, las mujeres migrantes continúan en condiciones de ser un grupo vulnerable y propenso a sufrir las mayores violaciones a sus derechos humanos en su paso por la frontera mexicana y en su tránsito hacia EU. La limitante principal en la elaboración de políticas públicas para abordar esta cuestión es la forma en la que se le ha situado en el contexto nacional mexicano, es decir, la migración en la frontera sur –de hombres y mujeres– ha sido considera por el ámbito público como una problemática de seguridad nacional, más que con un enfoque de respeto al inmigrante y a sus derechos humanos. Si el tránsito o residencia de las mujeres migrantes centroamericanas en el territorio mexicano se observa como una situación de “seguridad nacional”, resulta claro que las políticas públicas y las decisiones que se tomen para abordarlo les serán contraproducentes al grupo afectado. En otras palabras, no se buscará ni procurará la defensa de sus derechos ni el respeto a su integridad, sino que se les atacará como si fuesen una amenaza para la estabilidad política, económica y social del país, buscando erradicarla en vez de regularla.

Las decisiones que ya se han tomado sobre la materia y que se han plasmado en leyes o en la creación de instituciones, aparte de tener la limitante central de no contar con una visión de género que pueda dar luz sobre un problema que permanece “invisible” o que se le sigue observando como si el fenómeno no hubiera cambiado en los últimos años, tienen otra serie de problemas que surgen desde su creación. Por esto se debe de comprender que el origen de estas instituciones y de leyes que, supuestamente, ayudan a los migrantes en su situación y les reconocen sus derechos, no lo hacen de la misma manera en todo el territorio mexicano, particularmente en la frontera sur casi no se cuenta con instrumentos que procedan directamente del ámbito público para poder abogar por sus derechos.

3. La protección y el respeto a los derechos humanos de las mujeres migrantes: algunas propuestas

Este último apartado tiene como objetivo la presentación de algunas propuestas en materia de creación de políticas públicas para las mujeres migrantes en Chiapas, tomando en cuenta las limitaciones que observamos en las ya existentes. Uno de nuestros propósitos para poder presentar las siguientes propuestas es centrar la atención en las mujeres migrantes en tanto que es un sector que necesita de decisiones y programas que las apoyen en su cruce por la frontera sur y en asegurar la protección a sus derechos ya sean transmigrantes o que se establezcan en el país temporal o definitivamente, en virtud de que no son criminales y que sus movimientos encuentran explicación en factores de índole económico y social; de tal manera que se elimine la visión de que los que cruzan por esta frontera son un problema de seguridad nacional para México.

Las propuestas que presentamos a continuación tienen como punto de partida la equidad de género, en donde las mujeres migrantes no deben ser un grupo de alto riesgo. Sobre este aspecto, quisiéramos rescatar la visión de la OIM que establece que “los migrantes, varones o mujeres, deben ser considerados y protegidos de igual manera, y de igual manera respetados sus derechos humanos y necesidades… En la mayoría de los países la legislación debe ser actualizada para que tome en cuenta la creciente feminización de la migración. La consideración del género debe ser incluida, en forma sistemática, sobre todo para evitar la discriminación. No se trata simplemente de una cuestión de derechos de la mujer, sino de los fundamentos más sólidos para que cualquier sociedad justa, humana y económicamente efectiva participe plenamente en el proceso de globalización.” (OIM, s/a: 11).

3.1. Propuestas desde el ámbito internacional

La presencia de las mujeres en los flujos migratorios, con los documentos que exigen los países de destino o sin ellos, paulatinamente, llama más la atención de la comunidad internacional. No sólo por su importancia numérica, sino también por todos los acontecimientos que giran alrededor de la migración femenina: la posibilidad de generar visiones alternativas de la mujer, sus posibles vínculos con la realidad social en todas sus dimensiones y los persistentes informes sobre los atropellos a sus derechos humanos, sociales, de identidad y laborales, entre otros. Estos acontecimientos han convocado a las organizaciones sociales, organismos internacionales, Estados nacionales y locales a profundizar en el conocimiento de ese fenómeno migratorio así como a construir políticas públicas que potencien sus posibles efectos positivos y que atiendan aquellas expresiones que ponen en evidencia las violaciones a sus derechos laborales, políticos, sociales, culturales y humanos. A esta convocatoria incorporamos nuestras reflexiones.

Por ello, en esta sección queremos retomar y subrayar aquellos instrumentos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, económicos, políticos y sociales de las trabajadoras migrantes, que mantienen una concordancia rotunda con la búsqueda de políticas pertinentes para lograr la gestión eficaz de las migraciones laborales y salvaguardar los derechos de las trabajadoras migrantes. Antes de proceder a la mención específica de algunos instrumentos que ya existen a nivel internacional y que han resultado exitosos en sus avances, queda por establecer que la obligación de los Estados nacionales de ocuparse de problemáticas como la que ocupa a esta investigación se encuentra enmarcada en los principios del derecho internacional, en donde se establece que “las obligaciones contraídas en virtud de tratados deben cumplirse, y que debe proporcionarse remedio en la práctica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado de forma clara que los Estados deben actuar con la diligencia debida para proteger, respetar y hacer realidad los derechos de las personas migrantes, incluso cuando los responsables de los abusos sean individuos particulares” (Amnistía Internacional, 2010: 38), de manera que los instrumentos internacionales que se presentarán a continuación nos servirán como referencia para las propuestas específicas del caso de Chiapas en donde, cada vez más, es necesaria la toma de decisiones sobre las medidas que resultan indispensables para poner fin a los abusos, garantizar el acceso a la justicia y el apoyo a las migrantes cuyos derechos son violados.

De tal manera que se pone énfasis, por sus notables avances, en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CIPDTMF), el Marco Multilateral de la Organización Internacional del Trabajo para las Migraciones Laborales (MMOITML) y la Convención para la Eliminación de toda formas de Discriminación Contra la Mujer, particularmente en su Recomendación 26 relativa a las trabajadoras migrantes.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores Migratorios y de sus Familias. El 18 de diciembre de 2010, la CIPDTMF cumplió 20 años. A diferencia de otras expresiones internacionales en cuanto al tema de los derechos humanos, éste es un instrumento normativo para aquellos Estados que, de forma voluntaria, la han ratificado y pasan a formar parte de ella. De tal manera que la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos pactos que protegen los derechos sociales, económicos, culturales, políticos y civiles, compone lo que podemos identificar como la “Carta Internacional de Derechos Humanos”, este hecho convierte a la Convención en un instrumento muy poderoso. En su primer artículo, la CIPDTMF establece que será aplicada a todos los trabajadores migratorios y sus familiares, sin distinción alguna de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión pública o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil o cualquier otra contradicción. Los derechos que esta Convención prevé son:

[…] derecho a la vida, no serán sometidos a servidumbre o esclavitud, trabajos forzosos u obligatorios, libertad y seguridad personal. Deben ser tratados en iguales términos respecto de las remuneraciones y condiciones de trabajo, seguridad social y cuidado médico de urgencia, además del derecho a transferir sus ahorros y efectos personales. Se consigna la igualdad con los nacionales en cuanto al acceso a educación y servicios sociales y en cuanto a las violaciones en sus contratos de trabajo, se establece que podrían dirigirse a las autoridades competentes, en igualdad de condiciones con los nacionales cuando sus derechos han sido violados

Este instrumento forma parte de la base sobre la que se levanta todo el andamiaje que hoy da cuerpo a las Naciones Unidas en cuanto a las migraciones laborales. Por ello, necesitamos recuperar los compromisos que resguarda, además de que México no sólo fue miembro de la Comisión que la elaboró, sino que suscribió la CIPDTMF en 1991 y la ratificó en 1999. Existen razones sobradas para retomar este instrumento como fundamental para la construcción de acciones y políticas a favor de las mujeres migrantes que radican o transitan por la Frontera Sur.

Marco multilateral de la Organización Internacional del Trabajo para las Migraciones Laborales. A diferencia de la CIPDTMF, el MMOITML contiene principios y directrices que nos son vinculantes, de tal manera que “invita” pero no es obligatorio para los gobiernos de los Estados miembros de la OIT. De este instrumento resulta un importante avance en cuanto a la búsqueda de políticas más eficaces para las migraciones laborales, respecto a sus derechos, trabajo digno y protección. El instrumento plantea, con particular insistencia, la necesidad de establecer políticas y procedimientos para facilitar el movimiento de trabajadores migrantes mediante acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales. También perfila la necesidad de que los acuerdos bilaterales y multilaterales entre países de destino y de origen aborden las tendencias relacionadas al género. La Directriz 9.8, del Principio V, referente a la Protección de los trabajadores migrantes sugiere:

Adoptar medidas para garantizar que la legislación laboral y social nacional de aplique a todos los trabajadores y las trabajadoras migrantes, incluidos los ocupados en el servicio doméstico y otros grupos vulnerables, en especial en lo que respecta al empleo, la protección de la maternidad, los salarios, la seguridad y salud en el trabajo y otras condiciones de trabajo […]

En el MMOITML se encuentran importantes principios sobre las migraciones laborales en general y en cuanto a las migraciones femeninas en particular, lo cual representa una guía en la construcción de políticas públicas que atiendan al género en las migraciones.

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Recomendación 26. Con más de 30 años de existencia de la CEDAW conforma el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres. Su Protocolo Facultativo, con más de diez años de haberse aprobado, representó un importante avance al incorporar recursos de protección para los derechos de las mujeres. En cuanto a su evolución histórica, cabe destacar que ha permitido configurar instrumentos de salvaguarda que se constituyen en un referente trascedente para las mujeres migrantes. Avances que permitieron que en 2005 se particularizara y profundizara en un sistema de protección de las mujeres, con objetivo de:

[…] contribuir al cumplimiento por los Estados partes de la obligación de respetar, proteger y facilitar el ejercicio de los derecho humanos de las trabajadoras migratorias, así como de las obligaciones jurídicas contraídas en virtud de otros tratados, los compromisos asumidos en relación con lo planes de acción de conferencias mundiales y la importante labor de los órganos creados en virtud de tratados en materia de migración, en particular el Comité de Protección de los derecho de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Recomendación 26, 2005: 2).

Como lo explica la recomendación, se propone abordar con detalle las condiciones que contribuyen a la vulnerabilidad particular de muchas mujeres migrantes y sus experiencias respecto de la discriminación por motivo de género y sexo. EL campo de acción de dicha Recomendación se circunscribe a aquellas trabajadoras migrantes que se emplean en trabajos mal remunerados y que están en condiciones de enfrentar mayores riesgos, abusos, discriminación y con amplios márgenes de posibilidad de no alcanzar la residencia permanente, ciudadanía o documentos que regularicen su estancia. De tal manera que su preocupación central son las mujeres que no se encuentran protegidas por la legislación de los países a los que emigran. Se rescata de forma clara y precisa las formas concretas en que resultan afectadas las mujeres, dada la perspectiva de desigualdad entre los géneros, las funciones tradicionales de la mujer, las inestabilidades de los mercados laborales desde el punto de vista de género, así como la feminización de la pobreza que también permea a sus migraciones laborales a nivel internacional. Un planteamiento central para la definición de las acciones y políticas a favor de las mujeres migrantes se encuentra en el hecho de considerar que la migración de mujeres trabajadoras asalariadas es un fenómeno intrínsecamente mundial que requiere de la cooperación de los estados a nivel multilateral, bilateral y regional. Asimismo, aborda los tres niveles en los que se tiene que observar la necesidad de protección de los derechos de las mujeres migrantes: es sus países de origen, previamente a la migración; y, finalmente, en los países que son de tránsito en el proceso migratorio; y, finalmente, en los países de destino.

La Recomendación 26 también plantea que los derechos de las mujeres migrantes a la identidad y a regularizar su estancia pueden tener restricciones severas en el caso de las trabajadoras migratorias ocupadas en el servicio doméstico o en los sectores del ocio y esparcimiento, dadas las condiciones en que son contratadas. En estas situaciones de irregularidad, aumenta su vulnerabilidad ante la violencia de empleadores, funcionarios migratorios y, aun, frente a sus parejas sentimentales. Finalmente, cabe destacar que esta Recomendación también incluye un conjunto de medidas que debieran adoptarse por los Estados partes para la protección de los derechos humanos, laborales y sociales de las trabajadoras migrantes. Destaca la propuesta sobre la necesidad de acuerdos entre los países que sean de origen, tránsito o destino, con el objetivo de proteger los derechos de las trabajadoras migrantes; así como la necesidad de intercambiar información sobre los violadores de los derechos de las trabajadoras migratorias con el objetivo de investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de dichas acciones.

Después del rápido recuento de estos instrumentos, queda por señalar que el objetivo de estas medidas es un reflejo de la insistencia de diversos organismos internacionales sobre la necesidad de que los Estados contemplen e incluyan la perspectiva de género en la movilidad internacional en su toma de decisiones y creación de políticas públicas, de manera que estén mejor sustentadas en un conocimiento más profundo de la realidad a la cual pretenden cambiar. Los instrumentos señalados en este apartado no son otra cosa más que los marcos en donde se encuentra plasmada la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos de las personas migrantes, teniendo grandes avances en donde se observa que, si bien la violencia sexual contra la mujer no ha desaparecido ni disminuido realmente, ahora se le observa como delito en la legislación de un gran número de países.

3.2. Propuestas para el caso Chiapas

En el punto anterior se retomaron ciertos instrumentos y acciones tomadas en el plano internacional con el fin de poder nutrir las propuestas que presentaremos en esta investigación; creemos que las estrategias para diseñar políticas públicas a favor de las mujeres migrantes deben de partir de las “buenas prácticas” aplicadas en otros lugares del mundo, logrando la acción conjunta de la legislación nacional con los instrumentos internacionales ya existentes; al mismo tiempo que se pueda armonizar la práctica en el plano estatal con el nivel nacional, de manera que se pueda asegurar y observar su real aplicación.

La realidad que enfrentan las mujeres migrantes en Chiapas, la gran mayoría sin documentos, se encuentra nutrida de claroscuros. Por una parte con interesantes avances en las legislaciones internacionales, nacionales y estatales pero, por otra, con fuertes limitaciones en la instrumentación de acciones que permitan configurar una realidad integralmente respetuosa de los derechos técnicamente reconocidos. De ahí la importancia de ofrecer propuestas para que las mujeres inmigrantes y sus familias estén en condiciones de gozar, en su más amplia dimensión, de una vida digna en nuestro país. Es importante destacar que si bien deben focalizarse ciertas políticas a los grupos que representan rasgos mayores de vulnerabilidad, los programas y las campañas en contextos de alta desigualdad y marginación como Chiapas deben ser planteados para toda la comunidad, acompañados de programas de sensibilización, con la intención de no generar fricciones entre la población.

De igual manera, las políticas públicas que resultan necesarias para el caso de las mujeres migrantes en Chiapas deben de concordar con los principios establecidos en la Constitución mexicana, sobre todo con el fin de hacer cumplir las garantías individuales que en ella se establecen y que otorgan derechos a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Algunos de los derechos que se encuentran en la Carta Magna, y que resultan imperativos para la creación de políticas públicas en pro de la población migrante, se encuentran enumerados por Amnistía Internacional en donde recogen “el derecho a entrar en el país, circular en él y salir de él, de acuerdo con los controles jurídicos y judiciales pertinentes (artículo 11)… también otorga a los ciudadanos extranjeros sin reconocimiento jurídico todos los derechos establecidos en su primer capítulo (artículo 33)… el derecho a no sufrir discriminación, el derecho a no ser sometido a detención ilegal, tortura o reclusión en régimen de incomunicación, y el derecho al debido proceso y remedio jurídico” (Amnistía Internacional, 2010: 34, 35).

Las propuestas que se presentan a continuación se encuentran dentro del marco de acción del Estado mexicano el cual se ha distinguido, a lo largo de su historia, por ser “un declarado promotor de los mecanismos internacionales y regionales para proteger los derechos de los migrantes. Ha dirigido con frecuencia importantes críticas a Estados Unidos y otros países por no reconocer ni garantizar los derechos de las personas migrantes consagrados en el derecho internacional, especialmente el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a la igualdad ante la ley” (Amnistía Internacional, 2010: 33), postura que, si bien podría considerarse progresista, no ha logrado tener resultados ni se han hecho compromisos concretos en la realidad nacional. Como hemos insistido en esta investigación, no es suficiente que existan leyes, deben ser implementadas.

NIVEL INTEGRAL
Problemáticas	Propuestas
-No existe continuidad en los planes de gobierno a nivel municipal -Carencia de bases de datos y archivos de acciones llevadas a cabo para los nuevos funcionarios -Proceso de ajustes entre elecciones estatales y municipales generó falta de tiempo y continuidad para la implementación de acciones.	-Establecer un mecanismo eficiente de transexenalidad de los programas y acciones gubernamentales coordinado por equipos de transición
-No se observan perfiles de puestos adecuados para la atención -Condiciones laborales deficientes de los funcionarios de “ventanilla” -Limitada sensibilización, formación y capacitación para atender a la población migrante	-Profesionalización -Servicio Profesional de carrera -capacitación continúa en temas relacionados con la población que atienden -Mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de “ventanilla” - Mecanismos de evaluación y seguimiento de la profesionalización de funcionarios encargados de la atención directa
-Desconocimiento de planes de desarrollo estatales y municipales por parte de funcionarios de “ventanilla” Falta de articulación entre programas y acciones de gobierno entre estatal y municipal e internacional -No hay mecanismos de transmisión de nuevas normatividades, de altos mandos a funcionarios de “ventanilla”	-Información e interiorización de la información de planes de desarrollo en los distintos niveles de gobierno. -Diseño de planes de trabajo que promuevan la coordinación interinstitucional a favor de la población migrante, en donde participen funcionarios de distintos niveles
-Falta de claridad y transparencia de recursos recibidos por organismos internacionales y recursos federales -Falta de claridad en el manejo de los recursos destinados al programa Oportunidades -Discrecionalidad y discriminación para la entrega de recursos de programas federales como Oportunidades y Seguro Popular	-Transparencia en el uso de los recursos -Congruencia de las reglas de operación de los programas en su ejecución -difusión de los mecanismos de acceso a los programas y un portal donde se encuentre información sobre los programas a nivel local
-Falta de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos -Actitudes de discriminación y xenofobia de la población en general hacia los inmigrantes -Desarticulación de las OSC en la región -Limitada relación entre la sociedad civil y academia -Limitada visibilidad de la problemática que enfrenta la inmigración en la región. -Limitaciones en los programas de estudio universitarios en la región respecto a los temas de: derechos humanos, migración, equidad de género	-Promover campañas permanentes de difusión en materia de derechos humanos y discriminación -Incluir en los programas de estudio de los distintos niveles escolares, el tema de derechos humanos y migración -Programas de acción incluyentes para los inmigrantes (hombres y mujeres), que involucren a la población local, para evitar la confrontación entre ambas. -coordinar acciones con bancos, consulados, OSC.
DERECHO A LA SALUD
Problemáticas	Propuestas
-Falta de recursos humanos y financieros en el sistema de protección social de salud que impacta en la: -calidad de la prevención y atención médica -medicamentos y personal médico insuficiente -infraestructura limitada	-Incrementar recursos financieros federales: recursos humanos y materiales -capacitación y sensibilización de funcionarios de “ventanilla”
-Limitada cobertura del Seguro Popular y Oportunidades en materia de salud para personas inmigrantes (discrecionalidad y discriminación).	-Identificar las particularidades de la población migrante y los documentos de que disponen -Transparencia en el uso de los recursos del programa Oportunidades
Discrecionalidad y discriminación en la atención médica: -Negativa para aceptar estudios de laboratorios privados para la atención dentro de los centros de salud -Solicitud de cuotas a pacientes y falta de claridad en el uso -Falta de transparencia en el cobro de cuotas	-Mejorar el servicio que prestan los laboratorios de los centros de salud -Aceptar estudios de laboratorios privados cuando no se les proporciones dichos servicios en los centros de salud -Aplicar tabuladores transparentes, para el cobro de cuotas, evitar la discrecionalidad
Funcionamiento de centros de salud -Restricción en el número de pacientes que se atienden (entrega de 15 y 20 fichas por turno) -Tiempo de espera -Burocratización en el proceso previo a la consulta	-Promover el uso intensivo de los recursos tanto humanos como de infraestructura -Eliminar prácticas burocráticas en la atención de pacientes
DERECHO A LA IDENTIDAD JURÍDICA
Problemáticas	Propuestas
-Se niega el registro a hijos de migrantes nacidos en México (violación al artículo 30 constitucional y al artículo 56 del código civil del estado de Chiapas) -Desconocimiento y falta de aplicación de las autoridades locales de las modificaciones al Código Civil del Estado de Chiapas -Falta de información de mujeres migrantes sobre los derechos de los niños a contar con una identidad jurídica -Carencia de documentación de sus comunidades de origen que les permita realizar el registro	-Que se promueva el conocimiento de la norma federal. Hacer difusión sobre el derecho a la identidad y los mecanismos de acceso -Se capacite a los funcionarios del Registro Civil sobre no discriminación hacia los hijos de los padres o madres extranjeros. -Evitar corrupción e impunidad en pagos irregulares por el registro de nacimiento -Que en los códigos civiles se disminuya los documentos solicitados a la población migrante, población marginada que suele no tenerlos -Sensibilizar a los funcionarios sobre las condiciones en que las madres trabajadoras migrantes dan a luz (con la ayuda de una partera y que el registro puede ser limitado) -Disminuir los gastos relacionados al registro de nacimiento de sus hijos o hijas mexicanas -Simplificar los requisitos para el registro Promover campañas locales más frecuentes de registro móvil, capacitación permanente al personal en general del registro civil (incluyendo temas de asilo, trata de personas y extranjería), colocando siempre el interés superior del niño y de la unidad familiar
	-Caso de Chiapas, Campañas de difusión dirigidas tanto a autoridades como a los usuarios sobre la nueva normatividad, enfatizando que se trata de un derecho de los niños nacidos en México, así como esclarecer sobre los riesgos de que otras personas realicen los registros de sus hijos o que no se documente su nacionalidad -Facilitar los mecanismos que otorgan los documentos de identidad de los países de origen (constancias de origen y pasaportes)
-Irregularidad en la estancia en México de los inmigrantes. -La población migrante no cuenta con un documento que compruebe su regular estancia -Los trámites migratorios no contemplan las condiciones socioeconómicas de los inmigrantes	-Desarrollar programas de regularización y hacerlos accesibles a la población de bajos recursos -Promover el derecho a un documento de identificación
-Los trámites de naturalización no toman en cuenta el contexto socioeconómico y cultural de los inmigrantes en la región del Soconusco (exámenes, cuotas, antecedentes no penales)	-Desarrollar programas de naturalización accesibles a la población de bajos recursos, con costos mínimos, así como la exención a discapacitados, a los que no saben leer y escribir o que hablan lenguas indígenas
DERECHOS AL TRABAJO
Problemáticas	Propuestas
-Pago diferenciado entre nacionales y extranjeros por un mismo trabajo -No se brindan derechos sociales -No hay medidas de prevención de salud en empleos como el agrícola -Política de prevención de salud deficientes (trabajo sexual) -no hay mecanismos adecuados de denuncia por violación de derechos laborales -Falta de seguimiento al historial médico de los migrantes.	-Supervisar de manera más eficiente y permanente la situación y condición laboral de los migrantes. -Trabajar en la articulación en el marco normativo local de los acuerdos internacionales como la Convención de los trabajadores migrantes y el marco nacional. -Campañas de difusión de los programas sociales a los que se puede acceder la población migrante. -Campañas de prevención sobre la exposición a agroquímicos que pueden ser en coordinación con los institutos de salud locales.

Fuente: Elaboración propia en base a Pérez y Roldán, 2011, Mujeres migrantes en el Soconusco. Situación de su derecho a la salud, a la identidad y al trabajo, INCIDE Social, México

En el cuadro anterior se presentan las principales problemáticas (salud, identidad jurídica y derechos al trabajo) que están presentes en la cotidianidad de las mujeres migrantes centroamericanas en el estado de Chiapas, así como diversas propuestas para hacerles frente. En el cuadro recuperamos los esfuerzos y aciertos alcanzados en el trabajo de investigación Mujeres migrantes en el Soconusco pues, además de haber tenido relación directa con el proyecto, éste atiende a la preocupación por visibilizar los diversos ángulos que presenta la migración de las mujeres centroamericanas a Chiapas. Asimismo, las propuestas derivan de los diversos niveles de acercamiento que el equipo de trabajo tuvo con la realidad.

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