María José Guerra Palmero y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges
En marzo de 2007 la Comisión Mixta por los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados daba a conocer el Informe que posteriormente sirvió de base para la elaboración del plan integral contra la explotación sexual, aprobado por el Gobierno en diciembre de 2008. Entre las recomendaciones contenidas en el documento de la Comisión figuraba la desaparición de los anuncios de prostitución insertados en la prensa “para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual”. La Comisión señalaba que “las ediciones de los cuatro periódicos generalistas de nuestro país, en un día laboral, recogen un número de anuncios considerable (El País, 702; El Mundo, 672; ABC, 225; y La Razón, 91)”. Según estimaciones de los parlamentarios, el periódico con mayor tirada en España, El País, ingresa anualmente unos cinco millones de euros gracias a los anuncios que ponen en contacto a 15 millones de clientes con 400.000 mujeres, de las que apenas el 5% se prostituye de forma voluntaria, según datos del Ministerio de Igualdad.
A pesar de la dificultad estadística cuando se trata con un fenómeno alegal como es hoy en España la prostitución, la discusión sobre la “voluntariedad” nos precipita en un terreno resbaladizo pues deja al margen la falta de expectativas laborales de muchas mujeres, mayoritariamente venidas de otros países, y por tanto, pone en liza cuestiones de igualdad básica y justicia, aun de justicia internacional. Al tiempo, la conjunción inmigración femenina-prostitución redobla los efectos de estigmatización y exclusión en los márgenes de la ciudadanía y de los derechos humanos. Para nadie es una novedad que el mismo movimiento feminista se muestra dividido en torno a este asunto. Cada vez con más matices intermedios entre los extremos abolicionistas, que responden a una ética de principios regida por la igualdad de géneros -el ejemplo es Suecia-, y las alternativas legalizadoras –que tiene a Holanda como referente- en la que se pide que se otorgue cierta protección de derechos a las que son conceptualizadas, con las enormes dudas que suscita esta conceptualización, como “trabajadoras” del sexo, el debate se complejiza al incorporar la consideración de más y más vectores de desigualdad, de más y más asimetrías, entre hombres y mujeres.
La proliferación de proxenetas, de los autodenominados “empresarios del sexo” y del negocio floreciente de la ilícita trata internacional de mujeres ensombrece la pretensión, supuestamente legítima, de la existencia de una minoría de “autónomas” del sexo. Por otra parte, el derecho a tener sexo por dinero, a comprar sexo, se vuelve a enunciar como la perpetuación de una sociedad sexista que rellena el nicho laboral de los “servicios sexuales” dejado por las mujeres “nativas” -las emancipadas- y lo rellena con extranjeras extremadamente vulnerables que engrosan las nuevas clases de servidumbre, convenientemente “racializadas”. El mercado exige variedad: orientales, eslavas, latinoamericanas, africanas,… y el supermercado del sexo responde a la demanda masculina. Los anuncios en la prensa son el muestrario comercial de este boyante negocio del que sospechamos que las ganancias no van a parar, en su inmensa mayoría, a las mujeres.
Volviendo a la recomendación de la Comisión, hay que decir que no fue incluida dentro del citado plan, aunque el Ministerio trató de que los diarios españoles eliminaran esta publicidad por iniciativa propia, siguiendo el ejemplo de otros países europeos en los que las apelaciones a la autorregulación, a la ética de los medios de comunicación, han bastado para que esta clase de anuncios haya desaparecido de las páginas de los periódicos. De momento, este llamamiento a la responsabilidad moral de la prensa ha caído en saco roto y entre las cabeceras nacionales únicamente el diario Público rechaza insertar esos anuncios. A la vista de esta situación, el Ministerio de Igualdad ha solicitado al Consejo de Estado un informe sobre la posibilidad de erradicarlos por la vía legal. La iniciativa, conocida el 14 de mayo, se produce apenas unas semanas después de que supiéramos de la existencia de una página web que permite localizar vía satélite a prostitutas que ejercen en la calle, proporcionando además a los clientes potenciales datos relativos a su aspecto, nacionalidad y horarios. Las TIC se ponen a disposición de los clientes y la “pornograficación” de la red de redes no es un asunto menor.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece en el artículo 41: “La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional”. Más lejano en el tiempo, el Informe A Free and Responsible Press, elaborado por la Hutchins Commission en 1947 y piedra angular de la doctrina de la responsabilidad social de los medios de comunicación, indicaba que la libertad de expresión tenía como límite los derechos de las personas y los intereses vitales de la sociedad, al tiempo que enfatizaba que hay cosas que unos medios profesionales no pueden hacer por dinero.
En 2001, durante la celebración en Valencia del XIV Congreso Anual de la European Business Ethics Network, organizado por la Fundación ÉTNOR (para la Ética de los Negocios y las Organizaciones), Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA, empresa editora de El País, se encargó en su intervención de someter a un baño de realidad a los que tenemos puestas nuestras esperanzas en la capacidad de los medios para autorregularse. Decía Cebrián:
El ethos de la actividad empresarial consiste en crear riqueza (…) Ese ethos es consustancial a toda actividad productiva y, por lo tanto, también a las empresas de información (…) El objetivo de cualquiera de ellas es, pues, ganar dinero y el hecho de que sirvan a intereses comunitarios de muy largo alcance, básicos para la conformación y ejercicio de la democracia, no desmerece un ápice esta afirmación.
Con estas breves pinceladas, lanzamos un debate en el seno de Dilemata, en el que se entrecruzan las cuestiones de género con la ética de los medios de comunicación. Ya sabemos que poderoso caballero es Don Dinero, así que el proponer definir el lucro de los anunciantes como una variante de proxenetismo no será algo rápidamente asumido.
Comentarios
Pornografía y medios de comunicación. Una respuesta es el boicot
María José Guerra y R. Fidel Rodríguez Borges nos ofrecen una descripción clara de una de las formas socialmente más aceptadas de abusos de los derechos humanos en nuestro país -la explotación sexual- y nos invitan a reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicación -la prensa en particuar- en la publicidad y facilitación del contacto entre prostitutas y clientes.
La responsabilidad está repartida entre 1. compradores del sexo -represedos mayoritariamente por hombres-, 2. facilitadores de la explotación sexual -proxenetas y otros intermediarios, en su mayoría también hombres- y 3. políticos . Bastaría que una sola de las piezas de ese engranaje se cruzara de brazos para que esta hipocresía humillante y dañina dejara de existir. Que periódicos reputados, algunos de ellos beneficiarios de una imagen de progresía, se estén lucrando por contribuir al perfecto funcionamiento de este sistema explotador es una lamentable realidad ante la que es moralmente debido ejercer el boicot y la denuncia pública. Gracias, María José y Fidel, por animarnos a reflexionar sobre esta forma de injusticia que precisamente por cotidiana es de las más urgentes.
Cada anunciante debería cerciorarse de que anuncia “autónomas” y no “esclavas sexuales” o mujeres coaccionadas de las más diversas maneras, sin desconsiderar la económica.
¿Qué piensan ustedes?
