La cumbre perseguía diagnosticar los problemas y proponer soluciones. Se analizaron los factores que han influido en el aumento de los precios de los alimentos, como el coste del petróleo, el crecimiento de la demanda, factores climatológicos, los movimientos especulativos y el desarrollo de los biocombustibles. Pero el documento final recogió consideraciones generales y no acuerdos sobre medidas concretas. No faltaron voces que insistieran en los efectos perniciosos del proteccionismo agrícola de los países ricos sobre la agricultura y el comercio de los países pobres, pero tampoco fue posible el acuerdo sobre este punto debido a la disparidad de intereses enfrentados.

El pasado martes 3 de mayo, día en que se inauguró la cumbre de la FAO, la ministra española de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, publicó un artículo en el diario El País sobre el papel de la agricultura como sector estratégico. En este artículo, la ministra española defiende la política agrícola de la Unión Europea (UE), conocida como Política Agrícola Común (PAC), y la dirección que han emprendido sus últimas reformas. Es muy importante que la titular del ministerio español ofrezca a la opinión pública, en un medio de información general, la visión global y las líneas maestras de la política española en un asunto tan crucial, especialmente en un momento en el que han pasado al primer plano de la atención mundial la crisis alimentaria y las políticas que pueden servir para superarla y, sobre todo, para fomentar el desarrollo de los países más pobres.

Ahora bien, las líneas y objetivos generales de la política agraria española que ofrece la ministra española y, por tanto, el Gobierno español, van en contra de los análisis y las propuestas de las agencias y organismos internacionales más acreditados y en contra también de los objetivos fundamentales de la cumbre de la FAO que se está celebrando en Roma. En estas líneas pretendo apuntar algunos argumentos de estos organismos internacionales que muestran la incompatibilidad entre las políticas de desarrollo y las políticas agrarias proteccionistas. Si este asunto sigue apareciendo cada vez más en la prensa y los medios de comunicación españoles, quizá llegue el día en que se establezca públicamente la necesidad de vincular ambas políticas.

En su artículo, la ministra española recuerda que “el 80 % de los 3.000 millones de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza viven en regiones rurales y principalmente son pequeños agricultores”. Y afirma que la Política Agrícola Común es coherente con la solidaridad europea con los países en desarrollo, que supone un gasto razonable y que su gestión es un ejemplo de transparencia. Y se refiere también al sistema de preferencias arancelarias que favorece las importaciones de los países menos avanzados, a la reducción en la PAC reformada de las ayudas que distorsionan el comercio y a la supresión de las subvenciones a las exportaciones. La ministra concluye que debemos asumir sin complejos que la agricultura es un sector estratégico, admitir que la PAC es un buen sistema y renunciar a estereotipos caducados.

Pues bien, el dato más importante que ofrece Elena Espinosa para mostrar que la PAC es “coherente con el sentimiento de solidaridad de nuestra sociedad con los países en desarrollo” es que la UE es el primer importador mundial de productos agrarios de los países en desarrollo. Sin embargo, lo más importante no es este dato comparativo. La UE es uno de los mayores mercados y una de las mayores potencias económicas del mundo. Mucho más importante son, a mi juicio, las reglas bajo las cuales tienen lugar estas importaciones. Espero que me permitan una larga cita que contradice abiertamente la posición oficial española y sitúa el problema en el contexto de la Ronda de Doha para el Desarrollo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), iniciada en 2001 y actualmente estancada.

“El problema central de las negociaciones de la Ronda de Doha se puede resumir en cinco palabras: subsidios de los países ricos. Los países más ricos del mundo aumentaron el nivel general de los subsidios que otorgan a los productores, después de haber prometido, durante la última ronda de negociaciones comerciales internacionales (la Ronda Uruguay), que reducirían drásticamente el apoyo a la agricultura. Encabezados por las dos superpotencias en materia de subsidios agrícolas, la Unión Europea y los Estados Unidos, el apoyo brindado por los países desarrollados a la producción agrícola hoy suma US$350.000 millones al año. El apoyo directo a los productores se puede calcular según diversas medidas. El Estimado de Apoyo al Productor (PSE) utilizado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) calcula el costo de todas las políticas y transferencias que mantienen los precios nacionales por encima de los niveles mundiales en aproximadamente US$279.000 millones, cifra equivalente a la tercera parte del valor de la producción y a más de la mitad en el caso de Japón. Parte de este apoyo se otorga en diversas formas, la mayor parte de las cuales suben los precios, aumentan la producción e impulsan las exportaciones. Los aranceles de importación, que para varios productos llegan a más de 100% (entre éstos, el arroz, el azúcar, las frutas y las nueces), mantienen los precios nacionales por encima de los niveles del mercado mundial, mientras las transferencias presupuestarias inflan los ingresos. La mayoría de los gobiernos de los países desarrollados tendrían una opinión poco favorable de cualquier gobierno de un país en desarrollo que intentara aplicar aranceles y subsidios a tal escala, pero cuando se trata de la agricultura, los gobiernos de los países desarrollados fijan sus propios estándares.

Algunos líderes políticos de los países desarrollados intentan justificar el apoyo que brindan a la agricultura aludiendo a los objetivos en cuanto a desarrollo rural y a los intereses de las comunidades vulnerables de sus países. La justificación no está bien respaldada por pruebas concluyentes. En el mundo real, los ganadores en el ciclo anual de pago de subsidios por múltiples miles de millones de dólares son los grandes agricultores, los intereses de las empresas agro-comerciales y los terratenientes.

Las investigaciones realizadas para este Informe indican que la distribución de los subsidios es más desigual en los países ricos que la distribución del ingreso en Brasil. En efecto, sería bastante difícil diseñar un sistema de transferencia financiera más regresivo (o menos eficiente) que el de los actuales subsidios agrícolas. El compromiso financiero con un pequeño grupo de beneficiarios, en su gran mayoría de alto ingreso, nos ayuda a dimensionar la verdadera magnitud de las necesidades financieras de los ODM (Objetivos para el Desarrollo del Milenio). Los países ricos gastan un poco más de US$1.000 millones anuales en asistencia al sector agrícola de los países pobres y un poco menos de US$1.000 millones diarios en sustentar sus propios sistemas agrícolas. Con una fracción de lo que gastan los países ricos en subsidiar la sobreproducción de cultivos como el arroz y el azúcar, sería posible cubrir las necesidades financieras para alcanzar los ODM en áreas como la educación, la salud y el agua. Y si esto fuera poco [más contundente en el original inglés: adding insult to injury], los subsidios de los países ricos no sólo desvían recursos, sino que además potencian la pobreza rural en los países pobres. Los países industriales se encuentran confinados a un sistema que desperdicia el dinero en el ámbito nacional y destruye los medios de vida en otras partes del mundo. Cuando se trata del comercio agrícola mundial, el éxito del mercado no está determinado por la ventaja comparativa, sino por el acceso comparativo a subsidios, área donde los productores de los países pobres no pueden competir.” (PNUD, Informe de desarrollo humano, 2005, p. 146 s.)

Y por citar a otra institución subversiva: “Las desigualdades en el terreno comercial son bien conocidas: los países ricos protegen sus mercados con barreras arancelarias y no arancelarias impuestas a los bienes que los países producen más ventajosamente (como los productos agrícolas y textiles). Proporcionan enormes subsidios a sus agricultores, subsidian las exportaciones y desincentivan las manufacturas que dan valor añadido en los países en desarrollo. Reducir esta protección y estos subsidios tendría un impacto beneficioso sobre el comercio mundial, el crecimiento y la reducción de la pobreza.” (Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 2006, p. 210).

En cuanto al sistema de preferencias arancelarias, las ayudas no distorsionantes y las subvenciones a la exportación, es cierto que se ha avanzado, pero de una forma demasiado tímida. A pesar del sistema de preferencias, los países menos avanzados se enfrentan a diversas barreras no arancelarias, como señala el Banco Mundial, como requisitos, reglas y trámites burocráticos aduaneros, que limitan la eficacia del sistema. Por otro lado, los productos susceptibles de ayuda se clasifican en tres categorías: caja ámbar, caja azul y caja verde. Estos últimos no distorsionan el comercio. ¿Quién dice que los productos de la caja verde no distorsionan el comercio? Los países ricos (PNUD, p. 133). Ni que decir tiene que la caja verde no ha hecho más que engordar a costa de las otras. Por último, es cierto que la UE ha renunciado a subvencionar exportaciones. Esa fue la graciosa concesión in extremis de los ricos en la reunión ministerial de Hong Kong a finales de 2005. Pero, en contra de todas las peticiones de que tuviera efecto en 2007, se pospuso su culminación hasta 2013.

La ministra española de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, elogia los tímidos avances en las reformas de una PAC “que ha sabido responder a las críticas”. Sin embargo, lo que nunca debemos olvidar los españoles es que estas reformas han tenido siempre lugar gracias a la labor tenaz de algunos países del norte de Europa y en contra de la férrea oposición de Francia y España. Así se ha puesto de manifiesto también en la cumbre de la FAO de Roma, en la que el ministro de Agricultura sueco, el Sr. Eskil Erlandsson, criticó abiertamente el proteccionismo agrícola y abogó por su drástica reducción. Francia y España parecen generosas en sus aportaciones a los fondos de ayuda… siempre que no se establezca ninguna vinculación entre el proteccionismo agrícola y el hambre de los pobres.

Los especialistas en desarrollo ofrecen pocas certezas y yo aquí sólo quiero recordar dos. La primera es que no hay una receta igual para el desarrollo y la prosperidad de todos los pueblos. Por ello es necesario respetar las medidas de protección de las economías débiles de los países en desarrollo. Estas medidas unas veces frenan la exportación de productos básicos, como los alimentos, y otras veces gravan la importación de estos productos. La liberalización impuesta desde fuera ha arruinado multitud de economías modestas, mientras que una protección cambiante y administrada prudentemente ha permitido a algunos países, en particular en Asia, fortalecer su tejido económico antes de la apertura a los mercados internacionales.

Y la segunda certeza es que el proteccionismo agrícola de los países ricos daña gravemente a los agricultores y a la economía de los países más pobres. Naturalmente, hay más factores que intervienen en las políticas de comercio y desarrollo, muchos de los cuales se están debatiendo en Roma. Pero si los países ricos quieren tomarse en serio la crisis alimentaria y la lucha contra el hambre, no pueden seguir disociando como hasta ahora las políticas de cooperación y las políticas agrarias.

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