La cuestión sobre los valores en los asuntos públicos es un tema de antaño, proviene de las antiguas civilizaciones. Lo que se hace hoy en día es retomarla o rescatarla para el contexto contemporáneo. Los valores que acompañan a la Ética Pública son un conocimiento que durante mucho tiempo, incluso actualmente, ha sido omitido al exigir una profunda preparación y una posesión de requisitos para llegar a un cargo público, convirtiéndose así en un obstáculo para quién aspira a gobernar sin formación, aptitudes o cualidades óptimas. En todas las épocas de la historia han existido individuos contrarios a las virtudes éticas por ser éstas contrarias a sus intereses. En el curso de la historia política se ha dejado de lado a la ética dando paso a nuevas creencias e ideologías que casan con los intereses específicos de aquellos que gobiernan. No obstante, es importante señalar que también han existido personas que han deliberado y reflexionado sobre las actitudes y el comportamiento humano.
Desarrollo
Hoy en día las organizaciones del sector público encaran conflictos entre los valores éticos tradicionales y los valores éticos importados del sector privado. Esta situación da lugar a duda o confusión en los servidores públicos en cuanto a la aplicación de los estándares éticos. “Actualmente existen concepciones contrapuestas sobre el sector público, por un lado, la nueva derecha y sus seguidores creen en el individualismo, la propiedad privada, los beneficios y las fuerzas del mercado; por otro, los defensores de esa ética del servicio público que fue parte del consenso de la posguerra, que enfatiza la responsabilidad colectiva de determinados servicios, un igual tratamiento a las personas sin distinción de ingresos e incluye la idea de que es incorrecto obtener beneficios a partir de la prestación de servicios básicos. (...) El futuro del sector público depende en muy buena medida de qué ideas se conviertan en dominantes entre aquellos que controlen los servicios públicos. Y esto dependerá de quien tenga más poder.”
[1] Los gobiernos deben considerar que el enfoque gerencialista e individualista de la privatización de los servicios públicos ha ido demasiado lejos y que hace falta dar una oportunidad a los valores originales del sector público. No obstante, la defensa del espacio público y de los valores colectivos no está reñida con la búsqueda de la eficacia y la eficiencia.
Los criterios en la forma de operar de la empresa privada influyen grandemente en la vida pública, sus conceptos contribuyen a la transformación del Estado. El ejercicio del poder en la empresa difiere del poder político del Estado, porque se trata de mundos diferentes. El mundo mercantil es el del contrato comercial y dinero, el mundo del Estado es el de la resolución de necesidades y prestación de servicio. Sus lógicas son diferentes y no es adecuado el mezclarlas.
La ética pública, a pesar de tener un origen milenario, es joven como herramienta dentro de las nuevas técnicas de gestión pública. Hace falta aún que madure y que existan métodos que garanticen su aplicación. Formar en ética es fortalecer la vida y la reputación de cada persona y de la organización. Implica mantener los compromisos y promesas, hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Conlleva ser reconocido tanto como honrado. Tal es el fundamento de la filosofía de valores aplicada a través de las relaciones humanas sin la cual no se puede crear una institución sólida. La ética en la organización comienza por los dirigentes, por quienes ocupan los altos cargos. La integridad personal reconocida del líder político o alto dirigente condiciona la de todos los que le rodean.
Mediante en el proceso de búsqueda de identificación de valores comunes para los gobiernos y administraciones públicas es posible identificar valores universales en diversos países. Algunos de estos valores son: la lealtad a los principios constitucionales, la honestidad, el respeto, la defensa de los bienes y el patrimonio público, la responsabilidad o el compromiso y buen trato a los ciudadanos. Estos valores están presentes en las normas sobre ética en diversos países del mundo. Ya sea en Oriente u Occidente, los gobiernos y administraciones públicas manejan principios comunes para sus gobernantes. Los encuentros, foros, congresos internacionales sobre el combate a la corrupción e impulso de valores éticos son testimonio de que es posible percibir situaciones homogéneas que evocan principios y valores similares en los gobiernos.
Un estudio aplicado por la OCDE (1997) a los países miembros, relativo a la ética pública demostró que la mayoría de estos países incluían dentro de su marco jurídico y normativo valores comunes para sus servidores públicos: imparcialidad, honestidad, responsabilidad, integridad, respeto, fiabilidad, lealtad.
El siguiente cuadro permite comparar los valores que en cada uno de los países estudiados consideran fundamentales para un Buen Gobierno.
| VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR PAÍSES CONFORME A SUS CÓDIGOS DE GOBIERNO |
| Estados Unidos | Reino Unido | España | México |
-Abstenerse de intereses personales -Conservación del patrimonio -Dedicación -Denuncia de actitudes antiéticas -Ejecutar sus deberes (responsabilidad) -Evitar apariencias indebidas -Honor y mérito -Lealtad a la constitución -No comerciar con el cargo -No aceptar regalos ni sobornos -No comprometer al gobierno -No lucrarse (integridad) -Imparcialidad -Obediencia | Desinterés Humildad Integridad Liderazgo Objetividad Responsabilidad Transparencia | Austeridad Accesibilidad Confidencialidad CredibilidadDedicación al servicio Ejemplaridad Eficacia Honradez Igualdad de género Imparcialidad Integridad Neutralidad Objetividad Promoción cultural y medioambiental Responsabilidad Transparencia | Bien común Entorno cultural y ecológico Generosidad Honradez Igualdad Imparcialidad Integridad Justicia Liderazgo Rendición de cuentas Respeto Transparencia |
Fuente: Códigos de Gobierno de los Estados Unidos, Normas de Conducta para los empleados del Órgano Ejecutivo; Reino Unido, Normas de Conducta para la vida Pública; España, Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y, México, Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.
La aplicación adecuada de los valores en el servicio público conlleva el Buen Gobierno. Un gobierno que se mantiene en sanos principios proporciona a un beneficio en la comunidad. Si un gobernante ignora u olvida los valores y no los practica, jamás podrá exigir ni esperar, que los miembros de la organización los posean. Por lo tanto, es un deber moral de todo individuo, sea funcionario o no, recordar e invitar a quien gobierna a la práctica de valores, y disuadirle de cometer cualquier acto deshonroso. Lo que concierne a la ética, no es la adhesión a principios abstractos, sino la puesta en práctica de los mismos. El comportamiento ético se traduce en actos concretos orientados hacía el interés público. El solo conocimiento de los valores es inútil si no se ponen en operación. Toda discusión teórica respecto a la ética sólo tiene sentido si se logra hacerla operativa mediante la conducta de los servidores públicos. El deber ser es siempre positivo pero su ejecución a través de la actuación, sin duda, siempre será mejor.
Los valores requieren aliados, una virtud jamás conseguirá sobrevivir si se encuentra aislada y rodeada de vicios. Necesita estar defendida por otras virtudes. Para obtener un nivel ético deseable se requieren garantías. Nunca es suficiente una buena intención para gobernar. Incluso la ley sola carece de fuerza, necesita apoyos. Sólo si un porcentaje amplio de personas posee valores es posible hacer frente a los vicios y contravalores en el sector público. Una sola persona con valores evidentemente fracasaría si se encuentra en medio de tantas personas que carecen de estos.
Tendencias recientes en la administración pública (OCDE, BID, CLAD, TI, UE) sugieren que los países reconocen la necesidad de ajustar sus valores para promover la integridad y contrarrestar la corrupción en el servicio público. Tanto gobernantes como gobernados consideran, cada vez más, la necesidad de prevención de antivalores debido a que se ha reconocido que cuanta más atención se otorgue a la prevención, menos se necesitará ejercer el castigo. La prevención es una inversión menos costosa a largo plazo, con un impacto positivo en la cultura del servicio público favoreciendo la relación con los ciudadanos.
[1] Norman Flynn, “El futuro de la gestión pública”, En: Lecturas de Gestión Pública, MAP, Madrid, 1996, p. 451
