Introducción En el año 2002 se promulgó en México El Código de ética de los servidores públicos. El interés por la Ética de los Servidores Públicos de México es resultado, por un lado, del espíritu de la Revolución mexicana plasmada en la Constitución de 1917 la cual establece los principios y directrices sobre lo que se espera de los representantes del Estado; por otro, de la necesidad urgente de establecer normas y valores en la conducta de los servidores públicos ante los escándalos de corrupción de políticos y funcionarios y, finalmente, de la demanda ciudadana cansada de padecer diversas actitudes antiéticas por parte de sus representantes públicos. Desarrollo Para afianzar los valores éticos en el servicio público, el gobierno de México se apoya en tres instrumentos básicos: a) Un organismo responsable  de la prevención, cumplimiento y vigilancia de las leyes y normas en esta materia que es la Secretaría o Ministerio de la Función Pública, b) Un Marco Jurídico mediante la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y, c) Un Marco Normativo a través del Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.  Órgano de vigilancia y Ley de Responsabilidades Administrativas. 

En 1983 se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SCGF), como un órgano para el control y la evaluación de los programas ejecutados por la administración pública. La creación de esta institución se llevó a cabo debido al crítico deterioro de la imagen del servidor público ante la sociedad,[1] a la necesidad de reconquistar la credibilidad pública ante los ciudadanos, así como a la urgencia de supervisar que los recursos económicos asignados para los proyectos y programas de las entidades de la administración pública se aplicaran sin desviaciones y con austeridad.

En 1995, la SCGF cambia de nombre a Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), nombre que mantendrá hasta el año 2002 cuando pasará a denominarse Secretaría de la Función Pública. Finalmente, como resultado de la modificación constitucional, se establecieron las bases para la expedición de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que con las modificaciones posteriores se convertiría en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Para ejecutar la tarea de vigilancia de la conducta de los servidores públicos, la Secretaría de la Función Pública se apoya en la Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos.[2] En ella se señalan las responsabilidades políticas y administrativas que deben mantener tanto gobernantes como funcionarios cuyas faltas pueden provocar la destitución y la inhabilitación para el desempeño de un cargo público. Ésta Ley tiene por objetivo reglamentar en cinco materias: Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público,  las obligaciones en el servicio público, las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones y, el registro patrimonial de los servidores públicos.La Ley de Responsabilidades señala algunos principios que debe salvaguardar todo servidor público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Así como “Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas”.

En el título cuarto de dicha Ley, titulado De las acciones preventivas para garantizar el adecuado  ejercicio del servicio público, responsabiliza a las instituciones públicas para establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Este mismo título contiene dos artículos relevantes. El primero faculta y asigna la responsabilidad a la Secretaría de la Función Pública de emitir un Código de Ética que contenga reglas claras acompañadas de principios que permitan lograr una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad. El segundo se refiere a la participación de los sectores privado y social así como de los gobiernos estatales y municipales en la elaboración de acciones para prevenir conductas indebidas. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, es una ley que señala obligaciones y sanciones y que, por tanto se centra en la vigilancia de la conducta de los servidores públicos.

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal

La Secretaría de la Función Pública elaboró  el Código de ética de los servidores públicos de la Administración Pública Federal[3]. Su creación fue llevada a cabo como parte de una estrategia para prevenir y combatir la corrupción e impunidad e imponer la mejor calidad en la gestión pública a fin de asegurar a la ciudadanía la credibilidad en las tareas que realizan las instituciones públicas. También pretendía un cambio de actitud del servidor público que garantizara la profesionalización y la honestidad en el servicio.

El Código propuesto para los servidores públicos de México lo integran doce reglas generales de conducta que pretenden convertirse en principios que guíen en el actuar cotidiano. Éstos son: Bien Común, Integridad, Honradez, Imparcialidad, Justicia, Transparencia, Rendición de cuentas, Entorno cultural y ecológico, Generosidad, Igualdad, Respeto y Liderazgo. Con base en este código general cada institución pública deberá elaborar y emitir un Código de Conducta específico que delimite la actuación que deben observar los servidores públicos en situaciones concretas atendiendo a las funciones y actividades propias de la institución.

[1] La década de los setenta y ochenta fueron momentos muy difíciles para la economía mexicana: estancamiento, inflación, devaluación de la moneda, incremento de la deuda externa, así como escándalos políticos por corrupción que generaron un malestar en la población ocasionando la pérdida de credibilidad en sus gobernantes, y por ende, la desconfianza en ellos.

[2] Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 2004. Su antecedente inmediato es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que entró en vigencia el primero de enero de 1983.

[3] El Código fue publicado el 31 de julio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación que es el diario oficial del Estado.