Las Normas de Conducta para los miembros de un gobierno han sido importantes en los gobernantes, por un lado, para fomentar en ellos los valores deseables así como para evitar actitudes antiéticas. Este artículo sistematiza los valores contenidos en el documento Normas de Conducta de la vida Pública del Reino Unido.
Desarrollo
En 1994, en el Reino Unido, el primer ministro Major creó el Comité para la creación de estándares de la vida públicaComité Nolan debido al nombre de su presidente: Lord Nolan. Este comité se creó con carácter permanente con la finalidad examinar el estado de la cuestión sobre las pautas de conducta ética de todas aquellas personas nombradas para un cargo público (ministros, funcionarios, asesores parlamentarios nacionales y del parlamento europeo, cargos electos y altos funcionarios locales) y hacer todas las recomendaciones que se requieran para asegurar los más altos patrones de conducta pública. conocido también como
La creación del comité se llevo a cabo en virtud del clima de degeneración en el que los escándalos de tipo económico, político y sexual aparecen mezclados. Seis meses más tarde apareció un documento importante llamado Normas de Conducta para la Vida Pública. El documento se publicó en mayo de 1995 y es una referencia no sólo para la vida pública inglesa sino para cualquier gobierno interesado por la ética de sus políticos y funcionarios. Incluye un Código Ético basado en siete principios básicos: Desinterés, Integridad, Objetividad, Responsabilidad, Transparencia, Humildad y Liderazgo. Estos principios sugeridos para el comportamiento ético en el ámbito de la función pública, abarcan tanto a los funcionarios públicos como a los políticos.
El Informe Nolan dedica una parte a los diputados y otra a los miembros del Ejecutivo: Ministros y Funcionarios. En cada caso presenta un panorama sobre el estado de la cuestión, señala algunos antecedentes, presenta ejemplos y culmina haciendo recomendaciones. A continuación se presentan algunos elementos generales de cada uno de estos apartados. Sobre las normas de conducta de los diputados.
En su análisis sobre los diputados, el Comité Nolan parte de la importancia de que la Cámara de los Comunes es el corazón de la democracia inglesa por lo que la conducta que mantengan los diputados es crucial para el bienestar político de la nación. Éstos deben desempeñar sus obligaciones para con el público que les ha elegido siendo esencial mantener la confianza pública siendo que “En los últimos años la confianza que el público deposita en los políticos se ha deteriorado de forma marcada”. casos en que los diputados son contratados por empresas multiclientes de cabildeo para plantear preguntas al Parlamento. A estos individuos se les denomina Diputados por alquiler. El enorme crecimiento de consultorías que remuneran a los diputados se ha convertido en un problema en el parlamento. Los parlamentarios se convierten en una especie de empleados de las empresas que persiguen el beneficio de sus clientes dejando en un segundo plano el ser representantes de la voluntad general. En los últimos sondeos se ha pedido a los ciudadanos que hagan una comparación entre varias profesiones según honestidad, honradez o ejemplo moral, los diputados han estado en el último puesto o cerca de éste, haciéndoles la competencia a los agentes inmobiliarios. Un sondeo de la empresa Gallup concluyó que el 64 % del público estaba de acuerdo con que la mayoría de los diputados ganan mucho dinero utilizando sus cargos públicos indebidamente. El mismo sondeo concluyó que el 77% de los consultados cree que los diputados se preocupan más por los intereses especiales que por la ciudadanía. En general se percibe que la confianza en las normas de conducta de los representantes políticos se ha erosionado. A lo anterior es importante añadir una serie de escándalos sexuales que envolvieron a políticos y que han salido a la luz pública junto a
En 1992, se publicó un informe de la Comisión Especial para los Intereses de los Diputados en el que señalaba que los diputados no deberían participar en asuntos privados en los que tengan un interés pecuniario. El informe destaca que existe un caso en que a unos diputados se les impidió votar en asuntos públicos en circunstancias como las mencionadas. Por consiguiente, las reglas de la Cámara se centran en mantener los privilegios y la libertad de acción de los diputados para que éstos no se vean forzados por organismos externos a actuar de un modo específico en el Parlamento. Asimismo establece que es delito que un parlamentario acepte soborno.
Esta situación ha generado una controversia respecto a si los diputados deberían tener ingresos adicionales. Por un lado están quienes sostienen que aquellos no deberían tener ningún interés remunerado externo y que su único ingreso debería ser su sueldo del parlamento. Por otro lado se encuentran los que sugieren que los diputados pueden tener ingresos adicionales siempre que éstos sean declarados. La recomendación de la Comisión ante este dilema sostiene la idea de que los diputados puedan obtener remuneraciones adicionales a su trabajo siempre que las actividades que realicen no tengan que ver con su trabajo parlamentario, es decir que no este relacionado con la función de diputado. La posición de la Comisión es contundente al señalar que se les debería prohibir realizar trabajos como asesores parlamentarios con clientes privados.
En relación a lo anterior, el Informe Nolan planteó a la Cámara recomendaciones como las de: exigir la revelación de acuerdos y remuneraciones relacionadas con los servicios parlamentarios; aumentar la orientación para evitar los conflictos de intereses; introducir un nuevo Código de Conducta para los Diputados; nombrar a una persona de reputación independiente el cual mantendrá el Registro de Intereses, aconsejará sobre el Código de Conducta, ofrecerá una orientación y consejos sobre asuntos de conducta de intereses e investigará e informará acerca de las quejas por la conducta de los diputados y, finalmente; establecer un procedimiento nuevo para investigar y juzgar las quejas en éste ámbito contra los diputados. En suma, la Comisión planteó un Código de Conducta para los diputados que contiene dos grandes ejes: Por un lado, unos Principios generales: a) Es responsabilidad de cada diputado mantener aquellos niveles de conducta que la Cámara y el electorado legítimamente esperan, para proteger el buen nombre del Parlamento y fomentar el interés público. b) Los diputados deberían respetar los principios generales de conducta que se aplican a todo el mundo en la vida pública. c) La obligación principal de los diputados es con su país y con sus electores por lo que no deberían realizar ninguna acción en el parlamento que esté en pugna con este deber. d) Los diputados tienen la responsabilidad de cumplir plenamente con todas las resoluciones y convenciones de la Cámara en cuanto a asuntos de conducta, y donde haya dudas, de pedir consejo. El segundo eje se refiere a Intereses económicos: a) Un diputado no debe promover ningún asunto en el parlamento a cambio de dinero. b) Un diputado que tiene interés económico, directo o indirecto, debe aclarar ese interés. c) En el caso de que un diputado, al desempeñar sus obligaciones parlamentarias encuentre la existencia de un interés económico personal que cause un conflicto (de intereses) con el interés público, tiene la responsabilidad de solucionar ese conflicto o bien deshaciéndose del interés o bien apartándose del asunto público en cuestión. d) En cualquier trato con una organización con la que exista una relación económica, un diputado debe tener siempre en cuenta la responsabilidad primordial que tiene para con los electores y para con el interés nacional.
Sobre las normas de conducta de Ministros y funcionarios
La importancia de los ministros y funcionarios es trascendental dado que participan en la formulación y ejecución de la política. Son los responsables de conducir las instituciones del Estado por lo que sus acciones pueden influir, modificar, ayudar o perjudicar en la vida de los ciudadanos. En palabras de Vernos Bogdanor: Los niveles de conducta deben provenir de los ministros. Merece la pena destacar esta idea, ya que los gobernantes, al estar en los cargos públicos, son el centro de atracción u objeto de mira de los medios de comunicación y de la sociedad civil, por lo que deben gobernar con ejemplaridad.
El Comité Nolan destaca la existencia de un documento denominado Cuestiones de Procedimiento para Ministros (CPM) en el que se exponen algunas normas de conducta de éstos. Este documento, aunque data de 1945, recoge elementos y principios que vienen desde antaño. En sus inicios, era un documento que trataba sobre las normas de etiqueta pero con los años dio un giro al centrarse en el ámbito de la conducta en vez del procedimiento. Este documento era considerado de uso confidencial pero a partir de 1992 se tomó la decisión de publicarlo. Cada Primer Ministro, al inicio de una administración, es el encargado de entregar un ejemplar a sus compañeros ministros. Dicho documento al ser analizado por la Comisión Nolan, fue considerado como insuficiente para acabar con la mala conducta de algunos ministros por lo que recomendó que se redactase un nuevo documento que extrajera de las Cuestiones de Procedimiento para Ministros los principios éticos que contenía para crear un código de conducta y que se cambiará el nombre por el de “Conducta y Procedimiento para Ministros.” La Comisión sugirió incluir los siguientes principios esenciales:
· Los ministros deben asegurase de que no surja, ni que parezca que surge, ningún conflicto entre sus obligaciones públicas y sus intereses privados,
· Los Ministros no deben engañar al Parlamento. Deben ser tan transparentes como sea posible con el Parlamento y con el público,
· Los Ministros son responsables ante el Parlamento en cuanto a las políticas y operaciones de sus departamentos y agencias,
· Los Ministros deberían evitar aceptar cualquier regalo u hospitalidad que pudiera comprometer su criterio o ponerlos bajo una obligación indebida,
· Los Ministros en la Cámara de los Comunes deben mantener separadas sus funciones de Ministros de las de Diputados por un distrito electoral,
· Los Ministros deben mantener separadas sus funciones ministeriales de las de partido. No pueden pedir a los funcionarios que realicen funciones de partido ni que actúen de una forma que crearía un conflicto con el Código de la Administración Pública.
La Comisión consideraba que así como existía un Código para funcionarios debería existir uno para los Ministros, y que las ventajas podrían ser muchas dado el número de Ministros que habían tenido que dimitir desde la segunda guerra mundial por errores que podrían haberse evitado.
En Inglaterra existe una tradición basada en un buen número de códigos de comportamiento con reglas detalladas acerca de la conducta y con principios establecidos desde mediados del siglo XIX. No obstante, la Comisión reconoce que en los años ochenta (siglo XX) se dio marcha atrás en este proceso con la aplicación de las nuevas herramientas de gestión sin considerar la cuestión de los niveles de conducta, por lo que la prioridad se fijó en valores como la eficiencia y la efectividad.
Otro código en el Reino Unido es el denominado Código para la Gestión de la Administración Pública (CGAP) bajo el cual se otorga a los departamentos y agencias poderes para introducir regulaciones acerca de la conducta, siempre que reflejen los principios y las reglas expuestas en el CGAP. Éste Código responde a dos necesidades: por un lado, que los funcionarios no abusen de la información oficial, ni obren de manera que se comprometa la imparcialidad política, ni usen sus puestos oficiales para promocionar sus propios intereses; por otro, que el público vea que los funcionarios son honestos e imparciales en el desempeño de sus obligaciones.
Finalmente, la Comisión Nolan recomienda que haya controles regulares del conocimiento y del entendimiento de las normas éticas pertinentes por parte del personal en los departamentos y agencias; que la orientación se refuerce y se difunda de forma adecuada, específicamente con una formación adicional sobretodo en las áreas con problemas. El énfasis que se pone en la conducta de los ministros y funcionarios en las Normas de Conducta para la Vida Pública demuestra el convencimiento de que funcionarios junto a los políticos son los responsables de la conducción de los asuntos públicos, y de que cada uno de sus actos puede ser ejemplo, bueno o malo, para los ciudadanos que los observan día a día.