Por Leopoldo Diez de Fortuny

La opinión pública española está convulsa a raíz de un escándalo afectando a presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cuya denuncia ha sido archivada recientemente. En este escrito, el abogado y vocal del Comité de Ética Asistencial del Hospital Donostia, Leopoldo Díez de Fortuny, reflexiona sobre los hechos y razona las causas de su indignación.

¡¡¡Qué vergüenza!!! Señoras y Señores, miembros del Consejo del Poder Judicial:

Como ciudadano me siento indignado, confundido y avergonzado con el espectáculo que están dando, a la vista de la información que me llega a través de los medios de comunicación, sobre los viajes realizados por el Presidente, también del Tribunal Supremo, durante fines de semana largos, a Puerto Banús, recalando en hoteles y restaurantes de lujo, y cuyo costo, de propios y extraños, se ha cargado al erario público.

Noticia que, por cierto, ha trascendido por denuncia de un vocal y no por la intervención de los órganos de control existentes.

Buscando información directa del propio Consejo, accedo a su página web y no la encuentro. Tampoco, referencia alguna a sus retribuciones, presupuesto interno, dietas por desplazamiento con ocasión de viajes oficiales, asignaciones por gastos de representación, uso de coche oficial y/o de vivienda.

Sí consta en dicha página, que entre los órganos técnicos del Consejo, existe una Gerencia (órgano competente en materia económico-financiera) y un Interventor, que, cuando formula reparos a los gastos que debe fiscalizar, los traslada al Pleno.

Acudo al BOE y compruebo, en la ley de presupuestos generales del Estado para 2011, que el Presidente y los Vocales del Consejo cobran al año, en concepto de meras retribuciones, de 130.152,62€ a 112.249,60 €.

Por otro lado, la portavoz del Consejo aclara, que el Sr. Dívar se niega a dimitir y a dar explicaciones a la prensa y a los ciudadanos, porque eso se interpretaría como una asunción de responsabilidades, que no siente que tenga, y sería contrario a la exculpación hecha por el fiscal. Que él ya ha dado al pleno, las explicaciones convenientes (aceptadas por amplia mayoría), que lamenta el quebranto que todo esto ha supuesto para el Supremo, el Poder Judicial y la carrera judicial y que se compromete a asumir medidas encaminadas a una mayor transparencia, también respecto de los viajes.

Añadiendo, que 7 de los 20 vocales del Consejo han valorado y criticado la actuación del vocal que ha desatado la crisis que vive el Consejo por la denuncia, llegando a pedir su dimisión. Y que una amplia mayoría de vocales ha criticado que no llevara, previamente, al pleno su denuncia.

A la vista de esta información, se me ocurren los siguientes comentarios y preguntas:

1 ¿Es coherente mostrar tanto apoyo al Presidente, cuando incluso por éste, se ha lamentado el quebranto institucional producido, y la necesidad de una mayor transparencia?

2 ¿Por qué entonces esa obsesión en que dimita el vocal denunciante?

¿Qué pasa, que el quebranto solo se ha producido por la denuncia y no por los hechos denunciados? ¿De verdad piensan que la causa de la crisis que vive el Consejo reside en la denuncia pública de estos hechos?¿Lo que más les preocupa es que un vocal haya denunciado esos hechos sin antes plantearlos en el seno del propio Consejo?

3 ¿Ninguno de esos 7 vocales, tan favorables a la actuación de su Presidente, y del resto, se ha preguntado por las causas de ese supuesto quebranto, o por cuáles son los valores en que los ciudadanos podamos estar basando nuestra decepción y cabreo ante la denuncia y su reacción?

4 ¿No es exagerado y también impropio por injusto, extender un comportamiento individual o incluso de un determinado grupo, al total del colectivo, es decir a todos los jueces? ¿Y que se haga desde el propio Consejo? ¿Se persigue despistar, para cargar las tintas en el denunciante en lugar de en los hechos denunciados?

5 Sigo sin datos para saber si el Sr. Dívar ha cometido o no un delito. Lo malo es que no tengo esos datos porque el Sr. Dívar se niega a rendir cuenta de ellos y porque el Fiscal también se niega a investigarlos.

6 ¿Cómo es posible que existiendo una Intervención en el propio Consejo nadie haya exigido una explicación sobre esos gastos? ¿No parece una contradicción exigir tanta lealtad interna, cuando es claro que la intervención interna no funciona? ¿No preocupa a los miembros del Consejo que no hubiera sonado con anterioridad ningún timbre de alarma?¿Por la misma razón, no habrá otros gastos de esa misma naturaleza, bien del Presidente o de algún Vocal que no se hayan detectado aún?

La primera lealtad, señores miembros del Consejo, no es la que se deben ustedes entre sí, sino la que deben cada uno de ustedes al resto de los ciudadanos, que somos los que les hemos designado y les pagamos. Ustedes deberían tener obligación legal de rendir cuentas, con total trasparencia, de forma pública, regularmente y sin necesidad de que nadie se lo pidiera. Aunque sólo fuera porque están gestionando dinero de otros.

7 Confieso que a mí, personalmente, me gustaría conocer, sin necesidad de volverme loco buscándolo, no sólo los ingresos que tienen ustedes y que vienen concretados en el BOE, sino también todo aquello que reciben por añadidura en razón a su cargo, en metálico o en especie, a cuenta de los impuestos que pago. ¿No les parece un deseo legítimo?

8 Y lo que para mí es más fundamental ¿no les parece, señores vocales del Consejo, que lo grave es que existan espacios de su actuación, que, por haberse regulado y configurado de forma opaca, resulten impunes?

9 ¿Cómo que no hay que justificar la oficialidad de los viajes?¿Cómo que el Presidente o cualquier vocal del Consejo puede negarse a rendir cuentas del dinero público que se le atribuye para viajes oficiales? Ahí radica el mal y es a eso a lo que hay que dar importancia y una rápida respuesta. Aquello de que “yo no respondo más que ante Dios y ante la Historia” ya no debería valerle a nadie. Repito, A NADIE.

10 Si el rendir cuentas es exigible en cualquier momento, mucho más en tiempos como en los que estamos viviendo, en que valores como responsabilidad, prudencia en el gasto, austeridad, solidaridad, justicia, están aireándose tanto cuando el destinatario es el ciudadano de a pie, al que se le recorta y recorta y no, precisamente, las prerrogativas suntuarias que tiene atribuidas.

11 Si a eso añadimos que, además, se trata de ustedes, altos cargos en el ámbito de la JUSTICIA, todavía la exigencia legal y ética es y debe ser, a mi juicio, mucho mayor. Ustedes deberían y deben constituir un ejemplo para el resto de los ciudadanos.

12 Por todo ello, señores Presidente y Vocales, al margen de replantearse dimisiones y ofrecer sus disculpas, cuando menos, por la falta de transparencia con que han venido actuando hasta ahora, les requiero, desde mi condición de ciudadano, para que corrijan, con urgencia, la causa fundamental del mal denunciado, es decir, para que modifiquen sus reglamentos de forma y manera a) que los ciudadanos podamos conocer todo lo que reciben por su cargos del erario público, y b) que la rendición de cuentas de sus gastos por razón de su cargo, constituya, además de una exigencia ética, una obligación legal para todos ustedes.

San Sebastián a 28 de mayo de 2012